Condenados dos directivos de Solvay por verter cloruros al río Llobregat

La titular del Juzgado número 22 de lo penal de Barcelona ha condenado a dos directivos de la empresa Solvay de Martorell (Barcelona) a un mes de arresto y un millón de pesetas de multa cada uno por un delito ecológico. La magistrada considera a Francisco Garma Sordo y a Jesús Vergés Roldán, director e ingeniero jefe de producción, respectivamente, de la planta que Solvay tiene en Martorell responsables de un delito contra la salud pública y el medio ambiente por el vertido de aguas residuales con gran cantidad de cloruros al río Llobregat.

La sentencia considera probado que la fábr...

La titular del Juzgado número 22 de lo penal de Barcelona ha condenado a dos directivos de la empresa Solvay de Martorell (Barcelona) a un mes de arresto y un millón de pesetas de multa cada uno por un delito ecológico. La magistrada considera a Francisco Garma Sordo y a Jesús Vergés Roldán, director e ingeniero jefe de producción, respectivamente, de la planta que Solvay tiene en Martorell responsables de un delito contra la salud pública y el medio ambiente por el vertido de aguas residuales con gran cantidad de cloruros al río Llobregat.

La sentencia considera probado que la fábrica de Solvay, empresa belga que fabrica PVC en su factoría de Martorell, vertía aguas residuales con índices de cloruros superiores a los autorizados, según se desprende de los análisis realizados de las muestras obtenidas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en el año 1993.

La magistrada, no obstante, ha impuesto a los acusados la pena mínima, ya que considera que no concurren circunstancias agravantes en el caso. En el juicio, el fiscal Pidió dos años de cárcel y siete millones y medio de pesetas de multa para cada uno de los dos directivos de Solvay.

La juez critica a la Administración por haber dado permisos de funcionamiento y de vertidos a una empresa de estas características. La crítica se centra especialmente en la actuación de la Junta de Saneamiento, organismo dependiente de la Generalitat, que, según la sentencia, conocía los vertidos, ya que los analizaba para calcular el cánon de saneamiento que debía abonar la empresa. La magistrada llega a decir que la empresa actuó con pasividad para solucionar los problemas de los vertidos posiblemente propiciada por la propia pasividad e indiferencia de la Administración.