El Constitucional alemán confirma la restricción del derecho de asilo

El Tribunal Federal Constitucional alemán (BVG) confirmó ayer, en algunos puntos por el voto de cinco jueces contra tres, la constitucionalidad de la reforma del derecho de asilo, que había sido aprobada por una mayoría de dos tercios del Parlamento Federal (Bundestag) y que entró en vigor el 1 de julio de 1993. Contra tres elementos de esta reforma legal habían planteado demanda por presunta anticonstitucionalidad cinco extranjeros a quienes se les negó el derecho de asilo de conformidad con la nueva legislación.

El Gobierno alemán respiró ayer aliviado ante la sentencia del BVG, porqu...

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El Tribunal Federal Constitucional alemán (BVG) confirmó ayer, en algunos puntos por el voto de cinco jueces contra tres, la constitucionalidad de la reforma del derecho de asilo, que había sido aprobada por una mayoría de dos tercios del Parlamento Federal (Bundestag) y que entró en vigor el 1 de julio de 1993. Contra tres elementos de esta reforma legal habían planteado demanda por presunta anticonstitucionalidad cinco extranjeros a quienes se les negó el derecho de asilo de conformidad con la nueva legislación.

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El Gobierno alemán respiró ayer aliviado ante la sentencia del BVG, porque temía que, si se hubiese declarado anticonstitucional la reforma legal del año 1993, una nueva ola de asilados habría caído sobre Alemania. Organizaciones humanitarias y portavoces de Los Verdes recibieron con duras críticas la sentencia del BVG, al que acusan de haber socavado el derecho de asilo y haberse plegado a las presiones del Gobierno.El derecho de asilo despierta emociones en Alemania por sus connotaciones con el pasado del nazismo, cuando muchos alemanes salvaron sus vidas gracias al exilio político en otros países. Imbuidos de este espíritu, los padres de la Constitución de Bonn formularon de forma lapidaria el artículo 16: "Los perseguidos políticos gozarán del derecho de asilo". Con la caída del comunismo y la guerra en la antigua Yugoslavia Alemania sufrió una auténtica invasión de asilados y fugitivos de guerra -y también de muchos inmigrantes económicos-, que a principios de esta década amenazó con hacer estallar la capacidad de acogida y desencadenó una ola de sentimientos xenófobos y racistas en amplios sectores de la población.

La respuesta de los políticos fue una reforma constitucional del artículo 16 en 1993, para la que se necesitaba el apoyo de dos tercios del Bundestag, que se lograron con, a regañadientes, la oposición socialdemócrata. Se establecieron limitaciones al derecho de asilo en tres puntos:

1º Se deniega el asilo a quienes lleguen a Alemania procedentes de terceros países donde no se atente contra los derechos humanos. Como se considera que los derechos humanos se respetan en todos los países de la Unión Europea y también en Suiza, Polonia y la República Checa, de hecho ningún nuevo asilado podría llegar por tierra a Alemania. Al considerarse países seguros todos los fronterizos con Alemania, podrían ser devueltos al país de procedencia. La objeción que planteaban los que se oponen a esta disposición se basa en el riesgo de que, al devolverlos a esos terceros paises, puedan ser expulsados de nuevo al Estado donde realmente sufren persecución.

2º Se deniega el derecho de asilo a los que proceden de países donde se considera que no existe persecución política ni trato denigrante o inhumano. A los procedentes de estos países se les puede negar el asilo si no demuestran con hechos la persecución política.

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3º Se admiten procedimientos de urgencia en aeropuertos para rechazar a solicitantes de asilo procedentes de países seguros o que llegan sin documentación. En estos casos se aplica una normativa de urgencia y se les mantiene detenidos en los aeropuertos.

Con algunas observaciones de menor cuantía, el BVG sentenció ayer la conformidad constitucional de la normativa aprobada y ha quitado, sin duda, un peso de encima al Gobierno.

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