Diez años de Ley de la Ciencia

Se cumple por estas fechas el décimo aniversario de la publicación de la Ley 13 / 1986 de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica (vulgo Ley de la Ciencia) que supone un paso importante en el proceso de institucionalización de la ciencia en España. Sus antecedentes inmediatos hay que situarlos en la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica (CAICYT, simplemente la asesora para los científicos que peinamos canas).La Ley de Ciencia se sustenta en el Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (PNI + D), co...

Se cumple por estas fechas el décimo aniversario de la publicación de la Ley 13 / 1986 de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica (vulgo Ley de la Ciencia) que supone un paso importante en el proceso de institucionalización de la ciencia en España. Sus antecedentes inmediatos hay que situarlos en la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica (CAICYT, simplemente la asesora para los científicos que peinamos canas).La Ley de Ciencia se sustenta en el Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (PNI + D), como instrumento de fomento, y una Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT), garante de la coordinación interministerial y la concertación con las empresas y las Comunidades Autónomas. Las críticas a la Ley de Ciencia han señalado desde un principio la laxitud de las medidas de concertación y coordinación propuestas.

Desde el punto de vista político, la Ley de Ciencia fue un fiel reflejo de la coyuntura, condicionada por el peso del equipo de Educación y Ciencia en el partido y Gobierno de la Nación. Debido a ello, la iniciativa de la ley y el reparto de poder en la gestión de la política científica y tecnológica queda, en lo fundamental, circunscrita a dicho Ministerio, en detrimento del de Industria. Quizá por ello y por la ausencia de una política industrial ha primado la I de investigación básica, y su correlato de publicaciones científicas, sobre la D de desarrollo tecnológico industrial, en términos de registro de patentes y balanza tecnológica.

Consecuencia también de esta coyuntura es la pérdida de influencia del CSIC, relegado a la condición de mero ejecutor del PNI + D, con una categoría administrativa de Dirección General. La ley propiciaba también una reordenación del sector público de investigación (OPIs), con medidas para agilizar su gestión y facilitar la movilidad del personal investigador; sin embargo, nada se ha hecho en esta última dirección. El caso más flagrante es el del CSIC que a estas alturas carece de un Reglamento de Personal

En estos 10 años se ha avanzado en la financiación de proyectos y en la creación de infraestructura científica en universidades y CSIC, a expensas tanto de los fondos reguladores gestionados por el PNI + D, como de otros procedentes de planes sectoriales, comunidades autónomas y programas europeos, no coordinados por el PNI + D. Frente a esta abundancia, contrasta la escasez de plazas estables para la incorporación de los jóvenes investigadores formados al amparo del Plan de Formación de Personal Investigador. De no dársele remedio, esta distorsión amenaza comprometer la capacidad de crecimiento de nuestro sistema de ciencia y tecnología.

Con todo, el mayor reproche que cabe hacer a la Ley de Ciencia es su incapacidad para propiciar un crecimiento sostenido del esfuerzo I + D, al margen de la coyuntura económica. Como muestra la figura, de haberse mantenido el crecimiento de este indicador al ritmo logrado en el periodo expansivo de nuestra economía (1985-1990), se podría haber alcanzado el mítico 1,5% del PIB -reclamado para 1975 por el famoso informe de la OCDE de 1964- en torno al fin de siglo y una convergencia con la media europea en torno al 2010. Las previsiones del III PNI + D sitúan esos logros en un horizonte mucho más alejado.