El vicepresidente ecuatoriano pide asilo político en Costa Rica tras ser acusado de corrupción

A las órdenes del general Miguel Vázquez, un ejército de 20.000 policías y militares controlaba ayer los aeropuertos, carreteras y accesos marítimos de Ecuador, en una inútil y masiva busca y captura del vicepresidente del Gobierno ecuatoriano, Alberto Dahik, huido la noche anterior a Costa Rica en una avioneta. La Corte Suprema había dictado auto decretando su encarcelamiento. Dahik, acusado de malversar los fondos reservados de su vicepresidencia, se declaró perseguido político y pidió asiló en el país, centroamericano argumentando que peligra su vida.

Ecuador, con su población atónit...

A las órdenes del general Miguel Vázquez, un ejército de 20.000 policías y militares controlaba ayer los aeropuertos, carreteras y accesos marítimos de Ecuador, en una inútil y masiva busca y captura del vicepresidente del Gobierno ecuatoriano, Alberto Dahik, huido la noche anterior a Costa Rica en una avioneta. La Corte Suprema había dictado auto decretando su encarcelamiento. Dahik, acusado de malversar los fondos reservados de su vicepresidencia, se declaró perseguido político y pidió asiló en el país, centroamericano argumentando que peligra su vida.

Ecuador, con su población atónita y las espadas en alto, atraviesa uno de los episodios más graves y complejos de su reciente historia, En un mensaje al país, el presidente Sixto Durán Ballen denunció una campaña de odios y venganzas contra el fugado y su ilegal encausamiento. "Sabrá responder y desvirtuar las acusaciones en su contra", declaró. "A pesar de las tentativas de desestabilización, estoy decidido a continuar mi gestión hasta el final del mandato, agosto de l996".También se exculpó Dahik en un comunicado publicado desde el voluntario destierro: "Durante tres años y dos meses he servido lealmente al país y al Gobierno. Fui llamado sin justificación alguna a un juicio político y demostré con claridad que no existía base legal para la censura". Acompañado por sus guardaespaldas, Alberto.Dahik, de 44 años, conservador, considerado como el arquitecto del programa económico neoliberal en vigor, se había refugiado en su residencia al ser sometido a un juicio político y presentado después la dimisión.

Pendi ente la causa penal y dictado su apresamiento, decidió huir. El encarcelamiento ordenado por el juez Carlos Solórzano, así como el embargo de los bienes y cuentas bancarias del imputado, no encuentra, precedentes en la democracia, ecuatoriana, que cumple sus 16 años de vida. El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo observado en Ecuador guarda semejanzas, sin embargo, con choques ocurridos en otros países que establecieron programas de apertura económica. Sus Gobiernos, o aquellos ministros encargados de aplicarla, promueven leyes que el Congreso frena o trata de enmendar sustancialmente, respondiendo en ocasiones a intereses particulares.

En Ecuador, todo comenzó en agosto, mes en que Dahik reconoció la claudicación del Gobierno al chantaje de jueces, diputados y otras autoridades que exigían dinero o prebendas para aprobar o al menos no entorpecer las iniciativas del Ejecutivo.

El contraataque y las represalias no se hicieron esperar. También en agosto, el presidente de la Corte Suprema, Miguel Macías, abría un proceso contra dos secretarios del vicepresidente por uso indebido de los fondos secretos bajo su control: aproximadamente 450.000 dólares (más de 56 millones de pesetas) escamoteados. Fue en septiembre cuando Sixto Durán pidió a su hombre la dimisión "para que pueda defender se con libertad". Un total de 39 diputados votaron por la destitución, sin lograr la mayoría requerida para imponerla. "Tengo las manos limpias", insistió el denunciado ante el Parlamento de un país que comparte con el grueso latinoamericano su proclividad a la corrupción.

La prisión preventiva en su contra fue dispuesta un día después de que el presidente del Gobierno impidiera por decreto el acceso del juez Solórzano a los microfilmes de los movimientos de todas las cuentas bancarias abiertas con los fondos reservados de la vicepresidencia. El magistrado calificó la medida como una "bárbara intromisión" del poder ejecutivo en la Administración de justicia, mientras que el presidente del Congreso, Fabián Alarcón, no descartaba la presentación de una moción de censura contra el gobernante.