Pimer acuerdo en cinco meses entre el Gobierno de México y los zapatistas
El Gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la guerrilla de base indígena alzada en enero de 1994 en el Estado de Chiapas, firmaron en la madrugada de ayer el primer acuerdo después de cinco meses de tensas negociaciones. Ambas partes se comprometen a analizar de forma conjunta, a partir del 1 de octubre, los problemas sociopolíticos y económicos que originaron al conflicto.El anuncio se hizo en San Andrés Larrainzar, después de la una de la madrugada del lunes. A esa hora, la niebla había envuelto, lentamente, este poblado de los Altos de Chiapas, de donde pro...
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El Gobierno mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la guerrilla de base indígena alzada en enero de 1994 en el Estado de Chiapas, firmaron en la madrugada de ayer el primer acuerdo después de cinco meses de tensas negociaciones. Ambas partes se comprometen a analizar de forma conjunta, a partir del 1 de octubre, los problemas sociopolíticos y económicos que originaron al conflicto.El anuncio se hizo en San Andrés Larrainzar, después de la una de la madrugada del lunes. A esa hora, la niebla había envuelto, lentamente, este poblado de los Altos de Chiapas, de donde proceden algunos mandos del EZLN, elegido como sede de las negociaciones. El portavoz rompió el tedio: las dos delegaciones, tras siete días de conversaciones, habían acordado el establecimiento, en octubre, de las primeras mesas de trabajo donde ambas partes, con asesores e invitados, empezarán analizando los derechos y la cultura indígena. Una vez agotado el tema, se pasará al de democracia y justicia. Para el final queda la mesa más relevante, la de desarrollo y bienestar.
Haber logrado un acuerdo para empezar a negociar puede parecer nimio. Sin embargo, ha exigido siete reuniones desde febrero. Los primeros contactos se habían desarrollado hasta ahora en medio de recriminaciones mutuas. Bajo aparentes diferencias de formatos y tiempos, subyacía (y aún subyace) el choque entre las pretensiones de la dirección zapatista, que quiere situar el problema de Chiapas en una perspectiva nacional que desemboque en un nuevo orden político, y la visión del Gobierno, que quiere resolver los problemas concretos de las comunidades indígenas que apoyaron el levantamiento y dejar que la reforma política recién iniciada siga sus cauces institucionales. En este sentido, el esquema negociador oficial ha sido hábilmente trabado. Junto a las conversaciones sobre los problemas inmediatos, el EZLN ha sido invitado a hacer llegar sus propuestas a la reforma política que se sigue en el Congreso.