Malas artes
CONDICIÓN, INDISPENSABLE para que España pueda exigir con autoridad a los demás países el cumplimiento de las leyes en materia de pesca es que los pesqueros españoles no las violen por su parte. Cada vez que un pesquero español, y sucede más de lo que sería de desear, es sorprendido faenando con redes ilegales, la posición internacional de España se debilita y se pone en peligro el futuro del sector.No es que los únicos infractores de las normas que regulan la pesca sean españoles. El incidente producido ayer en aguas españolas con un pesquero italiano que faenaba con redes de deriva, p...
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CONDICIÓN, INDISPENSABLE para que España pueda exigir con autoridad a los demás países el cumplimiento de las leyes en materia de pesca es que los pesqueros españoles no las violen por su parte. Cada vez que un pesquero español, y sucede más de lo que sería de desear, es sorprendido faenando con redes ilegales, la posición internacional de España se debilita y se pone en peligro el futuro del sector.No es que los únicos infractores de las normas que regulan la pesca sean españoles. El incidente producido ayer en aguas españolas con un pesquero italiano que faenaba con redes de deriva, prohibidas, es una muestra entre muchas. Pero, precisamente porque la flota española es una de las mayores del mundo, tiene más que perder sí en el mar se instaura la ley de la selva. El 70% de lo que pescamos procede de aguas exteriores, muy lejanas de
nuestras costas y demasiado próximas a veces de países que pretenden extender su soberanía sobre ellas, como es el caso de Canadá.
Por ello, el perjuicio que causa un pesquero como el Mayi IV al vulnerar la legalidad en los conflictivos caladeros del Atlántico norte puede ser enorme. La única respuesta en situaciones como ésta es aplicar la ley a los infractores. No cabe otra. Es lo que da fuerza moral para exigir su cumplimiento cuando son otros los que la infringen. La retirada de la licencia al pesquero infractor por parte de la Unión Europea parece, pues, una medida apropiada. Pero el propio sector pesquero -las cooperativas y las organizaciones de armadores- debe dar pruebas inequívocas de que está contra las malas artes pesqueras y contra quienes las practican. En esa línea se mueve la decisión de la Cooperativa de Armadores de Vigo de abrir un expediente informativo al armador del Mayi IV y de expulsarle del colectivo, si llega el caso.
La idea de que el Gobierno y el sector pesquero de cada país deben defender a sus pescadores con razón o sin ella conduciría a una situación en la que cada cual se sentiría autorizado a vulnerar la ley con el argumento de que los otros también lo hacen. El peor escenario para los intereses pesqueros de España.