El auto de prisión prohibe que Vera entre en contacto con De Justo y Sancristóbal

Rafael Vera se negó anoche a firmar la notificación del auto de prisión en la que el juez Garzón le imputa malversación de caudales y evasión de capitales por los 200 millones pagados a los arrepentidos José Amedo y Michel Domínguez en Suiza, y por encubrir y financiar el secuestro de Segundo Marey. El juez le envió a la cárcel de Alcalá-Meco tras decretar su prisión incondicional comunicada y sin fianza. En el mismo auto, Garzón ordenó al director de Alcalá-Meco que dispusiese medidas de seguridad para Vera, así como que le impida mantener contactos con Juan de Justo y Julián. Sancrist...

Rafael Vera se negó anoche a firmar la notificación del auto de prisión en la que el juez Garzón le imputa malversación de caudales y evasión de capitales por los 200 millones pagados a los arrepentidos José Amedo y Michel Domínguez en Suiza, y por encubrir y financiar el secuestro de Segundo Marey. El juez le envió a la cárcel de Alcalá-Meco tras decretar su prisión incondicional comunicada y sin fianza. En el mismo auto, Garzón ordenó al director de Alcalá-Meco que dispusiese medidas de seguridad para Vera, así como que le impida mantener contactos con Juan de Justo y Julián. Sancristóbal.Los cargos imputados a Vera en la parte dispositiva del auto de prisión revisten indicios de un delito de malversación de caudales y otro de detención ilegal, en relación con la presunta financiación de personas que participaron en el secuestro de Marey.

Otra malversación de caudales podría revestir la forma de delito continuado, por el pago de los 200 millones de los fondos reservados a Amedo y Domínguez. Los hechos también podrían constituir un delito contrala ley de control de cambios por hacerse estos pagos en Suiza.

El fiscal de la Audiencia Nacional no se opuso al ingreso en prisión por entender que la malversación de caudales lleva aparejada una pena grave. La mal versación imputada a Vera por la presunta financiación de los GAL está prevista en el artículo 394.4 del Código Penal, que castiga al funcionario que sustraiga más de 2,5 millones de pesetas con una pena de hasta 20 años. El secuestro de Marey, de los artículos 480 y 481 del Código Penal, conllevaría una condena de entre 12 y 17 años.