España y los 'grandes' de la UE lucharán para o perder influencia tras futuras ampliaciones

España no quiere perder peso cuando la Europea (UE) se amplíe a más miembros, la gran mayoría de ellos pequeños países. Su preocupación es compartida, a gran des rasgos, por los demás pesos pesados del club de Bruselas, y la preservación de su influencia se va a convertir en "la cuestión más espinosa" de la gran reforma de las instituciones comunitarias para prepararlas a acoger hasta 15 nuevos socios del Este y del Mediterráneo a principios del próximo siglo. La batalla, aplazada en 1993 durante la negociación para la adhesión de Austria, Suecia, Finlandia y Noruega (país éste que se quedó fi...

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España no quiere perder peso cuando la Europea (UE) se amplíe a más miembros, la gran mayoría de ellos pequeños países. Su preocupación es compartida, a gran des rasgos, por los demás pesos pesados del club de Bruselas, y la preservación de su influencia se va a convertir en "la cuestión más espinosa" de la gran reforma de las instituciones comunitarias para prepararlas a acoger hasta 15 nuevos socios del Este y del Mediterráneo a principios del próximo siglo. La batalla, aplazada en 1993 durante la negociación para la adhesión de Austria, Suecia, Finlandia y Noruega (país éste que se quedó finalmente fuera), está ahora servida, según pone de relieve un documento reservado de la presidencia española del grupo de reflexión sobre la reforma titulado La Conferencia Intergubernamental de 1996 / Elementos para una posición española.

La pelea empezará formalmente el 2 de junio, cuando, por primera vez, se reúna en Sicilia el grupo de reflexión encargado de allanar el camino de la conferencia intergubernamental de 1996, que deberá poner al día eI Tratado de Maastricht y adaptar las instituciones para el ingreso de nuevos miembros.El grupo, que entregará un informe a la cumbre de Madrid en diciembre, lo va a encabezar un español, Carlos Westendorp, secretario de Estado para la UE. Con sus colaboradores de la secretaría, altos cargos del Ministerio de Exteriores y la Embajada española ante la Unión, ha elaborado un primer documento que sienta las bases de la conferencia intergubernamental de 1996 y fija los elementos básicos de la postura española.

El ministro de Exteriores, Javier Solana, se comprometió en un principio a comunicar el documento, de 101 páginas, a la comisión mixta Congreso-Senado para la UE con el propósito de consensuar con la oposición la postura de España, pero ahora parece arrepentido y sólo quiere entregar un resumen a los parlamentarios, según fuentes de la Cámara baja. EL PAÍS ha tenido acceso en Bruselas al texto íntegro y confidencial.

Si no se modifica la ponderación del voto en el Consejo de Ministros de la UE, "el peso de los países con más población disminuirá drásticamente tras una ampliación a cerca de 30 países, con relación a los poco poblados", señala el documento. Incluso, por motivos de legitimidad democrática", es imprescindible "una nueva ponderación de votos, de suerte que el peso de cada Estado en el Consejo refleje mejor el de su población".Nuevo reparto de votos

El informe baraja la hipótesis de que los grandes, entre los que figuraría Polonia además de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y España, obtengan cada uno dos sufragios más mientras todos los demás Estados se mantegan en su actual nivel España pasaría así de 8 a 10. No será fácil, prevé, alcanzar tal objetivo a causa de la "muy fuerte resistencia por parte de los países con menor población, lo que quizás haga de éste el punto más duro a resolver ( ... )".

El Gobierno español tiene, además, una razón adicional para esforzarse por no perder influencia. Con las nuevas ampliaciones, el eje de gravitación de la UE se desplazará más al Este y al Norte, convirtiendo a España en un país más periférico, con problemas específicos en agricultura mediterránea, pesca, desertización... De ahí que, para no ser frecuentemente puesto en minoría, sugiera que tres países que sumen más de 100 millones de habitantes -España, Italia y Grecia, por ejemplo- puedan constituir una minoría de bloqueo en el Consejo de Ministros.

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En algunas materias, como la seguridad social, la protección social en general, la fiscalidad directa, la calidad de los servicios públicos, el medio ambiente, entre otros, la delegación española en la conferencia defenderá que se mantenga la regla de la unanimidad en la toma de decisiones para no verse obligada a hacer un esfuerzo que la riqueza y la productividad del país no le permiten llevar a cabo.

En el Parlamento Europeo "también se plantea la necesidad de corregir de alguna manera el desequilibrio actualmente existente entre la distribución de escaños y la población".

En el órgano ejecutivo de la Unión Europea, el informe da a entender que el número de comisarios podría reducirse a 15, cinco menos que actualmente. Los países grandes sólo dispondrían de uno, mientras los pequeños se rotarían en las demás carteras.

Aparcar la Unión Economica y Monetaria

España y una mayoría de Estados miembros de la Unión Europea no desean abordar en la conferencia de 1996 la Unión Económica y Monetaria (UEM), para evitar así "la introducción de nuevos criterios de convergencia, tales como el paro o el déficit de la balanza comercial, que ya fueron sugeridos en Maastricht por algunos".El presidente Felipe González se opuso a ello para que no se le hiciese más cuesta arriba a España acceder a la tercera fase de la UEM que supondrá la creación de una moneda única.

El documento español sí aboga, en cambio, por convertir en 1996 la defensa en una "parte integrante de la Unión" con el consiguiente "sistema de defensa colectivo y garantías de seguridad recíprocas" como las contempladas en la OTAN.

Advierte, no obstante, que a España le correspondería entonces costear el 8% del presupuesto de defensa europeo , "lo que tendría unas consecuencias financieras muy importantes" en un país que dedica pocos recursos a sus Fuerzas Armadas.

Con vistas a la ampliación a jóvenes democracias aún frágiles, con problemas de minorías nacionales, los Quince deben, por último, elaborar una carta de derechos y libertades fundamentales, que quedarían protegidos por la Corte de Justicia de Luxemburgo, que actuaría como un tribunal constitucional, y por los tribunales nacionales.

El resultado final más probable de la conferencia intergubernamental, vaticina el informe, será un "acuerdo unánime aceptando la geometría variable", es decir, que permita a algunos Estados autoexcluirse de determinadas políticas, pero les deje abierta la posibilidad de sumarse a ellas más tarde si así lo desean.Estas derogaciones son una condición indispensable para que países socios corno Dinamarca o el Reino Unido puedan dar su visto bueno a lo pactado.

Esta nueva configuración de Europa debería quedar plasmada en un tratado o una Constitución que, a diferencia de Maastricht, incomprensible incluso para los iniciados, sea "clara, legible y atractiva".

Los grandes principios de la Unión Europea figurarían "en un texto básico de tipo cuasi-constitucional, dejando su desarrollo más detallado para un texto de ejecución más prolijo ( ... )".

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