Repentino ajuste

EL GOBIERNO ha comprendido que su continuidad depende en primer lugar de que la evolución de los mercados no aporte una coartada a Pujol para retirar su apoyo. Pero los mercados reaccionan en función de la credibilidad que otorguen a los objetivos del Gobierno, y en primer lugar al control del déficit. Ello explica seguramente las dos decisiones que acaba de tomar en relación a la política presupuestaria. Menos de un mes después de que el Parlamento aprobara los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno ha decidido reducir el gasto público para este año en 550.000 millones de pesetas. Ade...

EL GOBIERNO ha comprendido que su continuidad depende en primer lugar de que la evolución de los mercados no aporte una coartada a Pujol para retirar su apoyo. Pero los mercados reaccionan en función de la credibilidad que otorguen a los objetivos del Gobierno, y en primer lugar al control del déficit. Ello explica seguramente las dos decisiones que acaba de tomar en relación a la política presupuestaria. Menos de un mes después de que el Parlamento aprobara los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno ha decidido reducir el gasto público para este año en 550.000 millones de pesetas. Además, ha aprobado un amplio conjunto de actuaciones dirigidas a la persecución del fraude fiscal, en las prestaciones sobre desempleo, en la sanidad, la Seguridad Social y en las subvenciones y ayudas públicas. Ambas actuaciones van en el sentido de garantizar que no habrá una desviación respecto al déficit previsto: el 5,9% de PIB.

El reajuste -en realidad, una limitación de ejecución al 97,72% del gasto presupuestado- tiene un carácter preventivo ante desviaciones consideradas inevitables o probables en algunos capítulos del gasto. Algunos de ellos, como el correspondiente a los intereses de la deuda pública, consecuencia a su vez de la subida de los tipos de interés, justificaron un primer recorte de 150.000 millones de pesetas en otros capítulos de gasto. El Gobierno ya había anticipado su compromiso de compensar las desviaciones de manera que no aumentase el déficit. Los restantes 400.000 millones no tienen una justificación tan específica: se trataría de compensar las presumibles desviaciones originadas por liquidación del presupuesto con las comunidades autónomas, los ayuntamientos y la sanidad, entre otras. No han sido muy claras las explicaciones del ministro portavoz a este respecto, aunque cabe deducir que la asignación de esos recortes entre los distintos ministerios no va a ser una tarea fácil.

Igualmente coherente con esa prioridad de control del déficit es el paquete de casi 50 medidas contra el fraude anunciado el viernes. Algunas de ellas ya estaban previstas y acompañaban a los presupuestos aprobados; otras han sido introducidas con una pretensión de reforzar la debilitada conciencia fiscal de algunos contribuyentes españoles, como es el caso de dar publicidad a las sanciones tributarías por infracciones que superen los cinco millones de pesetas.

La eficacia de esas medidas no será la pretendida si, paralelamente, el propio Gobierno no impulsa acciones específicas destinadas a garantizar una mayor eficiencia en las decisiones de gasto y, desde luego, en el propio funcionamiento de la Administración pública y sus servidores. El clima creado en los últimos meses no es precisamente el de ejemplaridad en la administración de los fondos públicos, ni de cumplimiento de sus obligaciones fiscales por aquellos que han desempeñado tareas como responsables públicos.

En la senda de reforzamiento de su credibilidad que el Gobierno ha tratado de transmitir con estas decisiones quedan puntos por clarificar. Deben especificarse las razones por las que tan precipitadamente se reservan esos 400.000 millones; deben detallarse los criterios de recorte por ministerios y, muy especialmente, aquellos que afecten a la ya maltrecha inversión pública, probablemente la gran sacrificada nuevamente en este ejercicio de ajuste. Explicar claramente las circunstancias que han determinado esos cambios forma parte también del rigor que tan repentinamente se trata de transmitir con este reajuste y de la necesaria reducción de la prima por riesgo que siguen asignando los mercados financieros a los valores españoles.