Borrell gana la batalla por controlar la autoridad reguladora durante la transición

El Gobierno zanjó ayer una larga batalla interna sobre la liberalización de las telecomunicaciones, con un acuerdo respecto a la estrategia que se seguirá hasta el fin del monopolio de Telefónica, el 1 de enero de 1998. Además de asegurar que los anunciados proyectos de televisión por cable y televisión local serán aprobados antes de que termine este año, se confirma la voluntad de potenciar "un segundo operador nacional" de infraestructuras de telecomunicación. La batalla por controlar el proceso de transición, hasta la libertad total de telecomunicaciones, se ha resuelto con la victoria del ...

El Gobierno zanjó ayer una larga batalla interna sobre la liberalización de las telecomunicaciones, con un acuerdo respecto a la estrategia que se seguirá hasta el fin del monopolio de Telefónica, el 1 de enero de 1998. Además de asegurar que los anunciados proyectos de televisión por cable y televisión local serán aprobados antes de que termine este año, se confirma la voluntad de potenciar "un segundo operador nacional" de infraestructuras de telecomunicación. La batalla por controlar el proceso de transición, hasta la libertad total de telecomunicaciones, se ha resuelto con la victoria del ministro de Obras Públicas, José Borrell, de quien dependerá la autoridad encargada de regular el sector.

El propio presidente del Gobierno, Felipe González, dedicó ayer parte de una conferencia de prensa a presentar este acuerdo, pero eludió referirse a los conflictos internos y las batallas de intereses que hay detrás del paquete de medidas, que vendió como "una revolución que cambiará la vida social, cultural, sanitaria, educativa y la propia vida de las empresasEl órgano regulador que se encargará de controlar el proceso tendrá "un altísimo nivel técnico", explicó González, quien restó importancia a su capacidad de convertirse en un órgano político. "Se constituirá en el Ministerio de Obras Públicas y se encargará de resolver los conflictos entre los diferentes agentes que operen en el sector, por ejemplo cuando el propietario de la red no quiera dar entrada a un competidor de servicios", añadió.

La solución adoptada para dicha autoridad reguladora está más próxima a las tesis de José Borrell, que defendía la primacía de su ministerio, que a las de Economía y del Tribunal de Defensa de la Competencia, partidarios de constituir un órgano dotado de mayor autonomía.

El proceso que se abre contiene elementos efectivamente liberalizadores. Se confirma el fin definitivo del monopolio de Telefónica para el 1 de enero de 1998 -incluidas todas las llamadas internacionales-, así como la voluntad de conseguir que la Compañía Telefónica pueda actuar en un marco competitivo. González no ahorró elogios a la misma: "Es una muy buena empresa", aseguró, aunque su tamaño sea claramente inferior al de los operadores públicos de Alemania o Francia.

Junto con la adaptación de Telefónica y su grupo de empresas a un mercado en competencia, el Gobierno traslada a un documento oficial, por primera vez, la intención expresada por algunos de sus miembros para favorecer la constitución de un segundo operador nacional de redes y servicios de telecomunicaciones", según el texto del acuerdo aprobado ayer.

Aunque Felipe González no dio más explicaciones al respecto, fuentes de la Administración indicaron que se trata de liberalizar las infraestructuras monopolizadas por Telefónica, pero de manera tal que se favorezca la competencia con el "segundo operador nacional". En definitiva, se trata de potenciar un duopolio frente a la invasión previsible de grandes compañías multinacionales. Retevisión y las compañías eléctricas, que disponen ya de pequeñas redes, podrían ser los candidatos a organizar ese segundo operador, pero el asunto no parece decidido.

Son interesantes las pistas que da el texto del acuerdo, al referirse a la regulación del cable. Se autorizarán dos operadores de red por cada demarcación territorial, uno de ellos la propia Telefónica "utilizando la infraestructura del servicio telefónico básico". Y un segundo operador, seleccionado por concurso, "al que se autorizará en exclusiva la construcción de infraestructuras propias en esa demarcación". Los operadores de televisión por cable sin redes propias utilizarán alguna de las anteriores.

En general, todos estos acuerdos del Gobierno tendrán "consecuencias trascendentales", enfatizó González, quien se refirió a los países más desarrollados del mundo -los Estados Unidos, Alemania, Francia- como el grupo al que España debe unirse en telecomunicaciones.