No hay derecho

Habrá que repetirlo cuanto haga falta: nuestra lengua no es algo que se tiene, sino algo des de lo que se es y, por eso mismo, más bien nos tiene. Que, por tanto, la empresa colectiva de recuperar una lengua que ya no es la nuestra requiere, para ser a un tiempo legítima y eficaz, una clase de voluntad que ni se nutre de meros motivos líricos ni se acomoda a los coyunturales caprichos de los gobiernos. De ahí que el riesgo de toda política de normalización lingüística, a la vista está, sea el de incurrir en artificiosas anomalías. Por ejemplo, decretar normal -ya se entien...

Habrá que repetirlo cuanto haga falta: nuestra lengua no es algo que se tiene, sino algo des de lo que se es y, por eso mismo, más bien nos tiene. Que, por tanto, la empresa colectiva de recuperar una lengua que ya no es la nuestra requiere, para ser a un tiempo legítima y eficaz, una clase de voluntad que ni se nutre de meros motivos líricos ni se acomoda a los coyunturales caprichos de los gobiernos. De ahí que el riesgo de toda política de normalización lingüística, a la vista está, sea el de incurrir en artificiosas anomalías. Por ejemplo, decretar normal -ya se entiende como norma o como algo ordinario- para la Administración lo que es anormal -excepción o extraordinario- para el administrado.Algo de eso está a punto de ocurrir con el vascuence o euskera en Navarra. Hasta ahora, tanto su oficio como sobre todo su enseñanza pública quedan regulados por la Ley Foral del Vascuence. Su peculiaridad estriba en distinguir tres zonas lingüísticas -vascófona, mixta y no vascófona-; según el grado de presencia del euskera en el territorio foral, y en establecer conforme a esta escala los diferentes derechos del ciudadano y deberes de poder público en esta materia. No es la ley, ya bastante generosa con la zona mixta, sino la propia realidad de los hablantes la que los discrimina con relación al euskera. La zona no vascófona se llama así no porque lo imponga aquella ley, sino porque allí esa lengua o nunca se ha hablado o desde varios siglos atrás ha deado de hablarse.

Pues bien, aún no hace siete años de su entrada en vigor y varios grupos políticos (EA, PSOE y IU) han propuesto en el Parlamento Foral que la consideración legal del euskera en la zona mixta se extienda a la zona no vascófona. Es decir, y principalmente, que en, esta última, además del derecho a la enseñanza del euskera (que la ley ya reconoce), se otorgue asimismo el derecho a la enseñanza pública en euskera. Se diría que es lo contrario del reciente caso catalán. Mientras en adelante la Generalitat deberá satisfacer el derecho de quienes demanden la escolarización en su lengua materna (castellano), la Diputación Foral se va a obligar a atender a los que deseen escolarizarse en una lengua que no es la suya (euskera). Paradojas autonómicas.

Si esa exigencia concuerda con los más rancios intereses del nacionalismo vasco, no es fácil que los otros partidos que la respaldan se avengan a confesar sus móviles. Los socialistas, porque en su cinismo sólo parecen ver en esta tesitura el pago estipulado en el trapicheo que requiere su vuelta al poder local. Los izquierdistas unidos, porque siguen ridículamente atribuyendo a todo lo que suene a euskera el prestigio de una causa "progresista". El Gobierno, por su parte, se opone a la medida por cálculos económicos. Así que, aquejados de una clamorosa miseria teórica y falta de coraje político, unos y otros se refugian en vergonzantes llamadas a la tolerancia o al ahorro a fin de eludir el único debate obligado: si la medida es o no conforme a derecho. Pues, si hay derecho, ni cabe graciosamente tolerarlo ni impedir su ejercicio por costoso que resulte; pero, si no lo hay, tampoco habrá lugar a la tolerancia y nada cambiaría por el hecho de que la medida fuera gravosa. Tal es la decisiva cuestión dejada en manos de los nacionalistas y que éstos, sin razones, pero con el cobarde silencio de los demás, dirimen a su favor.

En este punto, el nacionalismo se contenta con hacer de ciertas palabras cómodos fetiches para, con ellos, avivar las emociones, deformar las conciencias y someter la realidad -se deje o no- a la salmodia ritual. ¡El euskera es la lengua propia de Navarra! Sí, como "característica" o "peculiar" (aunque no exclusiva) de una parte reducida de este territorio, pero no como algo hoy poseído por la inmensa mayoría de sus habitantes. Fue la lingua navarrorum, pero ya no lo es. ¡Es un patrimonio común de los navarros! Bueno, a condición de que se distinga entre patrimonio vivo y muerto; con tal de que se entienda además que las personas decidimos el destino de nuestros patrimonios, y no a la inversa; en suma, con tal de notar la diferencia esencial entre el patrimonio lingüístico y todos los demás. ¡Es uno de los signos de identidad de Navarra! Claro, aunque no precisamente de los más significativos de nuestro presente colectivo. Es signo de una identidad que se ha ido perdiendo en el tiempo a la vez que ganando otra, que se conserva en ciertos rasgos de nuestra cultura, y no en la comunicación cotidiana de sus hablantes... Pero al nacionalista, que cuenta con la ventaja de disponer de una lógica nacional para uso propio, no le conciernen los reclamos de la lógica universal. El nacionalista sólo es experto en metafísica popular recreativa.

Desde ella, él y quienes le apoyan disponen que legalmente desaparezca la zona no vascófona, por más que subsista de hecho como lugar en el que nadie habla o entiende euskera; y además, que la enseñanza pública en vascuence será un derecho universal en Navarra, con independencia de la vascofonía de sus zonas. Si lo primero es una necedad sociológica, lo segundo resulta una aberración jurídica. De aceptarlo como derecho indiscutible, el poder público contraería en cascada otras obligaciones igual de poco fundadas. Habrá que destinar allá -amén de profesores reciclados aprisa y corriendo un médico, un secretario, un cura y un guardia municipal que atiendan en euskera a los niños así escolarizados, aunque ésos fueran los únicos contactos vascófonos que todos ellos mantuvieran. Pero mucho más grave que el eventual coste financiero de esa propuesta es la infundada atribución de derechos en que se basa, la enorme confusión mental que origina, el falso conflicto que reproduce.

Y es que la vigente Ley Foral de Vascuence se limita a aplicar al caso una distinción elemental. Aquí el legislador postula, ampara y subviene para todos el derecho a la enseñanza de euskera, pero no considera que el derecho a la enseñanza en euskera deba ser ejercido por todos a costa del erario público. ¿Por qué? Porque juzga con acierto que este último derecho no es de igual naturaleza que el anterior; esto es, porque no forma parte como el otro del interés común de esta comunidad y no se sostiene en el mismo fundamento público. En pocas palabras, porque se trata de un simple deseo privado. Y tan bien lo sabe nuestro abertzale que no tiembla al invocar ahora expresamente el principio de libertad de enseñanza bajo la misma interpretación egoísta que siempre ha reprochado a la derecha.

Digámoslo de una vez. El grado de atención pública a la enseñanza en y del euskera variará en función de que esa lengua sea, para unos, su medio de expresión habitual por ser lengua materna de la mayoría; para otros, un resto de la herencia histórica (guardada en la memoria, en ciertos usos, en la toponimia); y para los de más allá, ni siquiera eso. Así que otorgar a los individuos -frente a la Administración- derecho a la educación en una lengua en lugares en los que carece del suficiente arraigo cultural (o sea, donde esa lengua no es propia, sino ajena), donde no existe voluntad efectiva ni posibilidad e que llegue a ser de uso ordiario y donde ese derecho limita en la práctica el ejercicio de otros derechos más fundamentales (referidos a necesidades más primarias o más extendidas) no es una obligación; es una arbitrariedad. Ir más allá e esa ley parece, en definitiva, demás de atentar contra el sentido del derecho -tal como lo recoge toda la jurisprudencia-, ir contra el sentido común.

Pero, yendo más al fondo, no puede abordarse tan sólo como problema legal, ni siquiera político, lo que antes de nada es un problema emotivo que casi nadie quiere racionalizar. ¿Quién ha dicho que los sentimientos, y sobre todo esas emociones que entrañan efectos públicos, sean sin más respetables? Cuentan las crónicas del presente que este país empieza a perder el miedo a ETA. A ver cuándo cuentan que comienza a librarse también de ese otro temor, más íntimo y difuso, a hurgar en las raíces de ciertos prejuicios latentes -por ejemplo, en nuestra relación con el euskera- y a nombrarlos al fin en voz alta.

Aurelio Arteta es profesor de Filosofía Política de la Universidad del País Vasco.