Ley de subvenciones

De cada 100 pesetas que gasta la Administración de la Comunidad de Madrid, 17 de ellas están destinadas a la concesión de subvenciones y ayudas públicas. Este dato, que en principio puede parecer irrelevante, resulta de gran importancia para percibir la transcendencia que la regulación de la gestión de dichas ayudas alcanza para el ciudadano.En efecto, los ciudadanos, las familias, las empresas, sujetos tradicionales de la concesión de ayudas públicas, irán percibiendo en el día a día el cambio que esta ley producirá en la gestión de las mismas.

La Comunidad de Madrid es la primera Admi...

De cada 100 pesetas que gasta la Administración de la Comunidad de Madrid, 17 de ellas están destinadas a la concesión de subvenciones y ayudas públicas. Este dato, que en principio puede parecer irrelevante, resulta de gran importancia para percibir la transcendencia que la regulación de la gestión de dichas ayudas alcanza para el ciudadano.En efecto, los ciudadanos, las familias, las empresas, sujetos tradicionales de la concesión de ayudas públicas, irán percibiendo en el día a día el cambio que esta ley producirá en la gestión de las mismas.

La Comunidad de Madrid es la primera Administración pública española que aborda la gestión de las subvenciones y ayudas pública; en su integridad y mediante una ley. Es ésta una actuación de la que el Gobierno regional se siente orgulloso y de la que espera, en el momento de su discusión en la Asamblea de Madrid, un amplio consenso por parte de. todos los grupos políticos que la conforman.

Ante acusaciones de "presunto" oscurantismo en el comportamiento de las administraciones públicas, éstas sólo pueden dar una respuesta: leyes que refrenden en todo momento la limpieza y el rigor de su gestión.

¿Y cómo afronta la ley de subvenciones esta importante actuación del Gobierno regional? La respuesta, es sencilla, desde la puesta en práctica de cuatro principios básicos: la transparencia en la gestión de fondos públicos; la correcta publicitación de las ayudas; la modernización de la Administración en la agilización de los procesos burocráticos, y el control de la utilización de los fondos por parte de los beneficiarios.

Cabe señalar que con esta ley se efectúa una apuesta decidida por la transparencia en la gestión de los fondos públicos. De cara a la sociedad, esa transparencia se transforma en la garantía de una gestión sencilla, simplificada en el manejo de esos recursos públicos financiados con el dinero de nuestros impuestos.

Para garantizar aún más este principio se prevé la correcta publicitación, a través del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, de las reglas del juego que regirán la concesión de ayudas y subvenciones:

En el momento de su convocatoria, ésta será publicada en el Boletín Oficial con carácter general.

-También se publicarán en el mismo medio los beneficiarios de las mismas, la cuantía de las subvenciones y la finalidad de su concesión.

- Los beneficiarios sancionados por un incorrecto uso del dinero público se darán a conocer públicamente por los mismos mecanismos, detallando el tipo de sanción que se les ha impuesto y sus consecuencias.

El proyecto de ley de subvenciones avanza también en el camino de la modernización de la Administración y sintoniza con el desarrollo de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. En este sentido, cabe decir que la Administración pública pretende hacerse más presente en la sociedad y modernizar los mecanismos de funcionamiento y gestión.

El reto que se propuso resolver esta ley, bajo las premisas ya mencionadas, fue el de introducir mecanismos de control y eficacia, sin caer en la tentación de burocratizar en exceso el proceso. A nuestro juicio, este dilema se resolvió con equilibrio y desde dos puntos de vista:

- Mejorando el control interno de la Administración que concede las subvenciones, desde el punto de vista legal, de eficacia y medición del cumplimiento de objetivos.

_ Controlando que los beneficiarios cumplan los fines para los que fue concedida la subvención.

Por tanto, cualquier desviación de los fondos públicos percibidos, su posible utilización en otras tareas ajenas o la obstrucción de las labores inspeccionadoras por parte de la Administración, supondrá inmediatamente1a devolución de los fondos percibidos. Para ello, la Administración pondrá en marcha todas las medidas a su alcance, incluso el embargo, para hacer efectiva la cantidad percibida.

Esta ley, cuya elaboración ha costado año y medio de trabajo y constante colaboración de funcionarios y de cargos públicos, regula también un régimen específico de sanciones para los infractores.

Con estas medidas, y no con palabras, el Gobierno regional se sitúa a la vanguardia de las administraciones públicas españolas con un único objetivo: garantizar que los 81.424 millones de pesetas que 'nuestro presupuesto destina a estos fines durante el presente ejercicio tengan un uso y una gestión absolutamente transparente.

Ramón Espinar es consejero de Hacienda.

Eduardo Albarracín es inteventor general de la Comunidad.