Cartas al director

El secreto profesional de los periodistas

En la información que publicó EL PAÍS el pasado 16 de febrero en torno al debate de la proposición de ley sobre el secreto profesional de los periodistas se afirma que el PP mantuvo la misma posición que el PSOE sobre los límites legales de ese derecho-deber constitucional.En concreto, se dice que, como el PSOE, el PP sostuvo que tanto los casos que afectan a la seguridad exterior como interior del Estado estén excluidos del mismo.

La posición que defendí, en nombre del Grupo Popular, fue, sin embargo, sensiblemente diferente. Tras señalar que todo derecho tiene límites, afirmé que esos...

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En la información que publicó EL PAÍS el pasado 16 de febrero en torno al debate de la proposición de ley sobre el secreto profesional de los periodistas se afirma que el PP mantuvo la misma posición que el PSOE sobre los límites legales de ese derecho-deber constitucional.En concreto, se dice que, como el PSOE, el PP sostuvo que tanto los casos que afectan a la seguridad exterior como interior del Estado estén excluidos del mismo.

La posición que defendí, en nombre del Grupo Popular, fue, sin embargo, sensiblemente diferente. Tras señalar que todo derecho tiene límites, afirmé que esos límites no tienen por qué concretarse en una lista cerrada y casuística de cuestiones excluidas, sino que tiene que ser el juez, en cada caso concreto, el que decida entre el principio de interés público, que inspira el ámbito informativo -y, en este tema, favorecería el secreto profesional-, y el peligro grave e inminente, que en un determinado momento puede aconsejar que ceda el derecho-deber del secreto para defender otros bienes jurídicos de carácter superior.

En cualquier caso, el PP entiende que una lista cerrada de cuestiones excluidas afectaría al fundamento mismo del secreto profesional de los periodistas, que trata de que no se cierren las fuentes. Un sistema de exclusiones más o menos amplio obligaría a las fuentes a no facilitar informaciones convenientes para el interés público por el comprensible temor de que las mismas quedaran afectadas por el sistema de excepciones legales. Como en cualquier otra situación de colisión de derechos, debe ser el juez quien resuelva el conflicto.-

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Diputado por Madrid del Partido Popular.

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