El Supremo se plantea llevar al Constitucional la Ley de Normalización Lingüística de Cataluña

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo está estudiando la posibilidad de cuestionar ante el Tribunal Constitucional la Ley de Normalización Lingüística del Parlamento de Cataluña, aprobada en 1983 por consenso y hoy en vía de reforma, por si tres de sus artículos, que se refieren a la lengua de enseñanza de los niños en Cataluña, son contrarios a la Constitución. Aunque "sin prejuzgar la resolución definitiva", el Supremo ha dado al ministerio fiscal y a las partes implicadas un plazo de 10 días para presentar sus alegaciones a la posible cuestión de inconstitucionalidad.

El aut...

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo está estudiando la posibilidad de cuestionar ante el Tribunal Constitucional la Ley de Normalización Lingüística del Parlamento de Cataluña, aprobada en 1983 por consenso y hoy en vía de reforma, por si tres de sus artículos, que se refieren a la lengua de enseñanza de los niños en Cataluña, son contrarios a la Constitución. Aunque "sin prejuzgar la resolución definitiva", el Supremo ha dado al ministerio fiscal y a las partes implicadas un plazo de 10 días para presentar sus alegaciones a la posible cuestión de inconstitucionalidad.

El auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso del Supremo pide a las partes que se pronuncien sobre si el artículo 15, primer inciso, de la ley catalana puede ser contrario al artículo 149.1.30. de la Constitución, que reserva al Estado la regulación de obtención de títulos.El Supremo también pide a las partes que informen sobre si el artículo 15 podría ser cuestionado por oposición al artículo 3 de la Constitución, precepto que impone el deber de conocer la lengua castellana, y sobre si podría ser contrario a la reserva de competencia al Estado para regular las condiciones de ejercicio de los derechos y deberes constitucionales o a la declaración de que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en todo el territorio.

Otro de los artículos a examinar es el 14, punto 1, por si fuera contrario al 3 de la Constitución, por cuanto del precepto constitucional pueda quizá deducirse que en las comunidades donde hay dos lenguas oficiales, "la lengua propia de la enseñanza son las dos lenguas y no una sola". El Supremo también examinará el punto, 2 del artículo 14 de la ley catalana en cuanto que, al declarar que los niños tienen derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua habitual (catalán o castellano) "está acaso negando ese mismo derecho para las posteriores etapas educativas" y el precepto puede en tal caso ser contrario a los artículos constitucionales que regulan la libertad, la cooficialidad de las lenguas y el desarrollo de la personalidad a través de la educación.

También pregunta si el punto 4 del artículo 14 al imponer a todos los niños de Cataluña el deber de poder utilizar normal y correctamente el catalán [y el castellano] al final de sus estudios básicos, cualquiera que sea su lengua habitual al iniciar la enseñanza", puede infringir los mismos artículos.

Respecto al artículo 20, se pregunta a las partes si al disponer que los centros de enseñanza deben hacer de la lengua catalana "vehículo de expresión normal en las actividades internas y de proyección externa", se deja, por lo tanto, "que el idioma oficial del Estado sea vehículo anormal, en posible contradicción que la obligación que el artículo 3.3 del Estatut impone a la Generalitat de garantizar el uso normal y oficial de los dos idiomas". El precepto podría ser contrario a los derechos constitucionales sobre el derecho a la educación, cooficialidad de las lenguas (ya que, según el, tribunal, la Constitución parece no imponer el deber de conocer las lenguas cooficiales) y a la prohibición de la discriminación.

El Constitucional anuló en 1986 dos párrafos de esta ley contra los que había presentado. recurso el Gobierno. Pero se trataba de dos aspectos marginales. El Gobierno de la Generalitat está "absolutamente convencido" de la constitucionalidad de la ley, señaló ayer mediante nota oficial. Jordi Pujol declaró que la lengua es una cuestión vital para Cataluña: "Las cosas han funcionado durante 10 años con total normalidad y el Constitucional ya resolvió en su día a favor de la ley. Los resultados sociales también han sido muy buenos, porque no ha habido fractura de la comunidad".