IU pide que los inmigrantes que pagan impuestos tengan todas las ayudas sociales

Izquierda Unida ha propuesto al Parlamento regional la reforma de la actual ley autonómica de Servicios Sociales de 1984. Esta normativa no reconoce el derecho de los inmigrantes legales a recibir las mismas atenciones que cualquier ciudadano. Sólo lo permite si el extranjero es refugiado o procede de un país que ha firmado tratados con España. De esta manera, se quedan sin ayuda casi todas los nacionales de países pobres. Aunque vivan, trabajen y paguen impuestos en Madrid.

Susana López Blanco, parlamentaria de IU, argumenta así la propuesta: "No pedimos ni regalos, ni privilegios, ni ...

Izquierda Unida ha propuesto al Parlamento regional la reforma de la actual ley autonómica de Servicios Sociales de 1984. Esta normativa no reconoce el derecho de los inmigrantes legales a recibir las mismas atenciones que cualquier ciudadano. Sólo lo permite si el extranjero es refugiado o procede de un país que ha firmado tratados con España. De esta manera, se quedan sin ayuda casi todas los nacionales de países pobres. Aunque vivan, trabajen y paguen impuestos en Madrid.

Susana López Blanco, parlamentaria de IU, argumenta así la propuesta: "No pedimos ni regalos, ni privilegios, ni tratos diferenciados. Sólo proponemos que se reconozca el derecho de unas personas que viven trabajan y pagan impuestos en una comunidad y no pueden acceder a los mismos servicios que sus vecinos españoles por una ley que se aprobó antes de la Ley de Extranjería y de la llegada masiva de inmigrantes a esta región".En Madrid viven unos 130.000 extranjeros con sus papeles en regla. Sólo la mitad proceden de países desarrollados, según el estudio realizado por un equipo de la Universidad Autónoma para la Consejería de Integración Social.

La realidad ha obligado a que, en muchas ocasiones, esta ley se deje de lado. Los trabajadores sociales no dejan en la estancada a los inmigrantes a pesar de lo que esté escrito. Pero la norma sigue ahí. Y, en ocasiones, la letra impresa frena el acceso de los extranjeros a determinados servicios sociales como la vivienda pública y el Ingreso Madrileño de Integración (IMI) o salario social.

Cuando las administraciones se plantearon el realojamiento de 60 familias magrebíes de las chabolas de Peña Grande (Fuencarral), esta normativa se opuso a sus deseos e impidió su acceso a los pisos sociales del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), de la Comunidad.

Y en los impresos de solicitud de pisos de este organismo hace tres meses aún figuraba una cláusula inapelable: "Los extranjeros no comunitarios deben presentar un certificado de la ley especial o tratado internacional suscrito con España". Dichos tratados no existen ni con Senegal, ni con Marruecos, ni con la mayor parte de los países de donde proceden los inmigrantes.

Casi todas las asociaciones que trabajan con inmigrantes han solicitado en alguna ocasión el ingreso de una familia africana en las listas para vivienda social. Siempre han recibido como res puesta una negativa, amparándose en el citado tratado de reciprocidad. Y la exigencia del tratado procede, a su vez, de la ley de Servicios Sociales, cuyo cambio propone ahora IU en la Asamblea.

Transeúntes

La reforma de la normativa supondrá que se reconozcan como titulares de los servicios sociales de la región a "todos los residentes en el territorio de la Comunidad". Y no sólo "a los españoles residentes" como se recoge ahora.El cambio supone también que los derechos que ahora se admiten para los "transeúntes no extranjeros que se encuentren en evidente estado de necesidad", se hagan extensivos a "los transeúntes, sean españoles o extranjeros, residentes en cualquier territorio de la Unión Europea".

Es decir, que un marroquí residente en París que esté de paso por Madrid y se encuentre -en una situación de urgencia podrá recibir asistencia social para un problema concreto. Aunque en su caso, como no vive en la región, no tendrá acceso a programas exclusivos para residentes, como los de vivienda.

Estas modificaciones planteadas dejan fuera al colectivo de extranjeros que no tengan los papeles en regla. Son los llamados ilegales: unos 100.000, según cálculos de la Delegación del Gobierno en Madrid.

Unos acaban de llegar de su país. Otros perdieron su permiso de trabajo y residencia porque para renovarlo se exige un contrato laboral y ellos han tenido que acabar refugiándose en la economía sumergida. También hay personas abocadas a la ilegalidad porque no se les ha concedido la reagrupación familiar.