Los tres adversarios del compás
La calidad tropieza con las prisas, los proyectos poco definidos y los bajos presupuestos de las obras
Los arquitectos españoles rezuman descontento cuando trabajan para la Administración. La mayoría critica que las prisas de los políticos les impiden definir correctamente los proyectos. Estos, además, son constantemente modificados con el fin de ajustar los presupuestos. Los profesionales también consideran que la Administración es un mal cliente porque,, exige poco", lo que redunda en una falta de control y propicia algún "disparate". Contra estas opiniones, los políticos aseguran que su misión es salvar al erario público de los "caprichos" de estos artistas.
Salvador Pérez Arro...
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Los arquitectos españoles rezuman descontento cuando trabajan para la Administración. La mayoría critica que las prisas de los políticos les impiden definir correctamente los proyectos. Estos, además, son constantemente modificados con el fin de ajustar los presupuestos. Los profesionales también consideran que la Administración es un mal cliente porque,, exige poco", lo que redunda en una falta de control y propicia algún "disparate". Contra estas opiniones, los políticos aseguran que su misión es salvar al erario público de los "caprichos" de estos artistas.
Salvador Pérez Arroyo enumeró, en un artículo publicado en EL PMS el pasado martes, las dificultades que se ciernen sobre el arquitecto. Existen "fuertes presiones económica y políticas, bajas económicas de hasta el 50%, fechas políticas de inauguración", decía. Se refería a los plazos reducidos y los presupuestos recortados con los que trabaja la Administración. El arquitecto Javier García Alba resume así las consecuencias: "Las bajas económicas van en detrimento de la calidad y las prisas, de la buena ejecución". - -
Los presupuestos a la baja son moneda corriente en los concursos públicos, sobre todo desde que la crisis atenaza el sector de la construcción. Según el informe de la Asociación de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional (Seopam), las empresas han pasado de ofrecer, en 1990, precios con rebajas del 15,6% sobre el presupuesto inicial a presentarse a los concursos con bajas del 32,4%.
Las empresas necesitan conseguir obras para evitar su defunción, justifican las constructoras, y las administraciones, alguna más que otra, se aprovechan de ello. "El Ayuntamiento de Madrid es especialmente desagradable en esa cuestión de adjudicar a la baja", explica un arquitecto.
Oswaldo Román, viceconsejero de Política Territorial de la Comunidad, plantea "una manera más razonable de contratar desde las administraciones y una regulación de la baja temeraria". "Con 10 puntos por debajo de la oferta media ya no se puede hacer la obra y tenemos que rechazarla", indica. En el Ayuntamiento, teóricamente, este rechazo se produce cuando las constructoras se presentan con bajas inferiores en un 12% al presupuesto. Pero del dicho al hecho... Responsables de ambas administraciones reconocen, sin embargo, que están contratando con bajas del 25%, y que las empresas hacen estas ofertas simplemente por imagen y por no tener las máquinas paradas.
Miguel Palmero, responsable del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), pretende establecer otros baremos de contratación: "En el futuro definiremos un precio y, a partir de ahí, que las constructoras nos ofrezcan calidad". La experiencia del Ivima sitúa los costes de "la no calidad" a largo plazo y por vicios ocultos en un 1% de la inversión realizada. El Instituto de la Vivienda construye entre 3.000 y 4.000 viviendas al año, con inversiones superiores a los 30.000 millones de pesetas.
Modificar el proyecto
"Es un error adjudicar a la baja porque, al final, nunca se cumple la oferta que se presentó. Durante la construcción siempre pasan cosas que alteran el presupuesto", explica Francisco Jurado, el arquitecto que está restaurando el acueducto de Segovia. "Siempre que se hace una baja del 30% supone una modificación del proyecto original", comenta García Alba. "El Faro de Moncloa se adjudicó con una baja de ese importe, pero ya había habido una modificación: el fuste, que iba a ser de acero corten, se hizo finalmente de hormigón revestido de acero inoxidable".
Los arquitectos también se quejan de las prisas que imponen los políticos. Los ritmos de la Administración impiden que se entreguen proyectos definidos al 100%, "algo impensable en otros países, donde se prevé hasta el último tornillo".
"Al autor se le debe exigir la completa definición de los elementos de todo el proyecto de ejecución", explica un arquitecto. "Pero los plazos que imponen las administraciones lo hacen imposible y obligan a trabajar sobre la marcha. Hoy defines la carpitería, mañana el revestimiento... ".
"La Administración es un mal cliente"
Rafael Moneo, que proyectó la nueva estación de Atocha, introdujo hace dos semanas otro elemento de discusión en la polémica entre arquitectos y políticos. En un coloquio celebrado en Palma de Mallorca, Moneo arremetió contra la desidia de la Administración, que "encarga obras sin mediar una reflexión profunda sobre su programa de uso". Moneo comentó que al amparo de esa impunidad "se han hecho auténticos excesos y disparates". "El cliente privado", aseguró, "sabe mucho más lo que quiere".Oswaldo Román, viceconsejero de Política Territorial de la Comunidad, defiende un equilibrio en el debate entre el esteticismo y la funcionalidad de los proyectos: "Tiene que haber innovación sin caprichos, porque la Administración no debe dar becas para que el arquitecto pase a la historia a costa del dinero público". Román cree que un buen arquitecto debe construir bien y bonito por 50.000 pesetas el metro cuadrado, precio en el mercado para vivienda social. "No se puede hacer cada vez en cada obra una vivienda singular en casas sociales. Hay que hacer un esfuerzo de simplificación", dice.
Miguel Palmero, responsable del Ivima y arquitecto, expone: "Tal vez la vivienda social no deba destacar por su singularidad arquitectónica. Se debe hacer buena y digna vivienda social a un precio razonable, aun a costa de no brillar en la arquitectura".
El arquitecto Andrés Perea, autor de la rehabilitación del palacio de Maudes y de la sede de Telefónica en la Gran Vía, tiene otra visión: "Un edificio tiene que costar un precio razonable, debe estar bien calculado y no caerse. En las casas debe entrar bien la luz y funcionar el agua. Pero hasta ahí no ha llegado aún la arquitectura si no se propone un discurso propio y cultural".
El viceconsejero Román mantiene que el problema está "en que la construcción en España es bastante artesanal, con poco control, poca industrialización y pocos materiales prefabricados". Aboga, además, por proyectos más definidos, hasta el último detalle, como se redactan en Estados Unidos o Alemania.
Perea admite que en España "no se hacen proyectos afinados, pero fundamentalmente porque hemos estado trabajando con unos plazos enloquecidos para los que no estamos preparados porque no hay soporte tecnológico".
Los arquitectos remachan que las prisas las imponen los políticos por razones sociales o electorales. Luis Fernández-Galiano, director de la revista Arquitectura Viva, trasciende los fallos apreciados en el ruedo de la M-30 y el faro de Moncloa hacia una autocrítica general: "Se está pecando de una. falta de compromiso con la obra hasta el final, y no sólo estético, sino técnico y económico". Fernández-Galiano sostiene como Moneo que "el cliente público es malo porque deja demasiada libertad a los arquitectos y les exige poco".
Fernando Macías, jefe del departamento municipal de Edificación Deficiente, recuerda en este sentido una teoría de José Calavera, presidente de Intemac, el instituto de calidad de mayor prestigio de España: "El 50% de los arquitectos o de los ingenieros trabajamos para solucionar los experimentos en las obras del otro 50%".