Horas críticas

No puede decirse que los atentados de ayer fueran una sorpresa, ya que habían sido previstos y anunciados hasta la saciedad tanto por el ministro del Interior, el democristiano Nicola Mancino, como por personalidades relacionadas con la lucha antimafia, como el diputado Luciano Violante, presidente de la comisión parlamentaria que se ocupa del tema.Este último y el sociólogo Pino Arlachi, en una entrevista publicada en junio por EL PAÍS, razonaban paralelamente que resulta impensable que los numerosos políticos, funcionarios, magistrados o miembros de los servicios secretos que han protegido a...

No puede decirse que los atentados de ayer fueran una sorpresa, ya que habían sido previstos y anunciados hasta la saciedad tanto por el ministro del Interior, el democristiano Nicola Mancino, como por personalidades relacionadas con la lucha antimafia, como el diputado Luciano Violante, presidente de la comisión parlamentaria que se ocupa del tema.Este último y el sociólogo Pino Arlachi, en una entrevista publicada en junio por EL PAÍS, razonaban paralelamente que resulta impensable que los numerosos políticos, funcionarios, magistrados o miembros de los servicios secretos que han protegido a la Mafia y se han servido de ella como instrumento de poder bajo el sistema político que se derrumba, se presten a ser condenados sin recurrir a la violencia extrema.

Los atentados de ayer, como los registrados en el último trimestre en Roma y Florencia, se inscriben, por tanto, en un contexto mafioso amplio, en esa zona gris que existe en todos los Estados (y es especialmente amplia en Italia) y donde confluyen el espionaje, los negociantes sin escrúpulos, la delincuencia y los políticos de peor catadura.

Sobre el plano circunstancial, es claro que con el caso Ferruzzi, el crack del segundo grupo empresarial privado del país, el proceso de reforma emprendido ha llegado a un punto crítico. Sobre todo, porque simultáneamente el Parlamento se ha comprometido a aprobar la reforma de la ley electoral antes del próximo 6 de agosto. Esa reforma dará la señal de partida para unas elecciones generales que significarán la jubilación política y el consiguiente paso a prisión de tantas personalidades hasta hace poco indiscutibles y hoy acusadas de graves connivencias con la corrupción y la Mafia.

Tal vez no estaría demás que los diputados investigados por graves delitos dimitieran ya. Sería una medida extrema que devolvería en parte legitimidad al Parlamento, hasta que se renueve en las urnas. El peligro alternativo es que los mismos investigados traten de constituirse en salvadores de la patria postrada.