Ciertos datos de medio ambiente deben ser secretos, dice la Comunidad

La Comunidad de Madrid mantiene que los datos obtenidos para realizar informes ambientales deben ser a veces secretos, a pesar de que el 1 de enero entrará en vigor la directiva europea que prohíbe que las administraciones se reserven datos de la materia.

El 9 de septiembre el Gobierno regional firmó un convenio con el Ministerio de Obras Públicas mediante el cual este haría informes de medio ambiente para la Comunidad. Una cláusula advertía de la confidencialidad de los datos. "Esa cláusula no significa que los informes sean secretos; sólo lo son los datos que se aportan para el in...

La Comunidad de Madrid mantiene que los datos obtenidos para realizar informes ambientales deben ser a veces secretos, a pesar de que el 1 de enero entrará en vigor la directiva europea que prohíbe que las administraciones se reserven datos de la materia.

El 9 de septiembre el Gobierno regional firmó un convenio con el Ministerio de Obras Públicas mediante el cual este haría informes de medio ambiente para la Comunidad. Una cláusula advertía de la confidencialidad de los datos. "Esa cláusula no significa que los informes sean secretos; sólo lo son los datos que se aportan para el informe, porque de hacerlos públicos muchas empresas dejarían de colaborar para realizarlos", explica Luis Maestre, director de la Agencia del Medio Ambiente, organismo dependiente de la Comunidad de Madrid para el que se realizan los informes citados.

Pero la cláusula de confidencialidad no es muy concreta al respecto. "Ambas partes conceden, con carácter general, la calificación de información reservada a la obtenida en aplicación de este convenio o sus acuerdos", dice la cláusula, "por lo que asumen de buena fe el tratamiento y restricción en su utilización por sus respectivas organizaciones".

Luis Maestre recordó que el, real decreto de septiembre de 1988 sobre la ejecución de evaluación de impacto ambiental también desarrolla un artículo sobre confidencialidad. El artículo mencionado, menos ambiguo, respeta "la confidencialidad de las informaciones aportadas por el titular del proyecto... teniendo en cuenta la protección del interés público".

Los grupos ecologistas han emprendido una campaña de crítica contra la Administración por no haber traspuesto la directiva de la Comunidad Europea a la legislación nacional. Según esta directiva, todos los ciudadanos tienen derecho a acceder a toda la información ambiental.