El Estado suprime desde 1993 la cláusula de revisión salarial de los funcionarios

El Estado ha anulado, unilateralmente, la cláusula de revisión salarial de que gozaban los funcionarios públicos. Hasta ahora, este colectivo tenía garantizada la recuperación de cualquier desviación de la inflación respecto a lo previsto inicialmente por el Gobierno. Tal ventaja se ha acabado, según aseguró ayer Carlos Solchaga, "con harto dolor de corazón, para 1993 y sine die ". El primer efecto de este recorte está ahora en la mesa de negociación, pues el Gobierno sólo aceptará una subida total -es decir, incluida la cláusula de revisión de 1992- del 4%.

De no alcanzarse un acuerdo,...

El Estado ha anulado, unilateralmente, la cláusula de revisión salarial de que gozaban los funcionarios públicos. Hasta ahora, este colectivo tenía garantizada la recuperación de cualquier desviación de la inflación respecto a lo previsto inicialmente por el Gobierno. Tal ventaja se ha acabado, según aseguró ayer Carlos Solchaga, "con harto dolor de corazón, para 1993 y sine die ". El primer efecto de este recorte está ahora en la mesa de negociación, pues el Gobierno sólo aceptará una subida total -es decir, incluida la cláusula de revisión de 1992- del 4%.

De no alcanzarse un acuerdo, romperá la baraja y las retribuciones de los funcionarios quedarán, como en el proyecto de presupuestos, congeladas. El 4% máximo que está dispuesto a aceptar el Ejecutivo no sólo anula la cláusula de revisión, sino que supone una merma en el poder adquisitivo idéntica a la que el Gobierno propone para el sector privado.El motivo es que ese 4% es inferior a la previsión de inflación para 1993. Después se puede desglosar en la parte que corresponde a la cláusula de 1992 (poco más de un 1%) y al aumento del proximo año, pero el hecho cierto es que los funcionarios verán recortado su poder adquisitivo tanto como el Gobierno propone para el conjunto de la economía.

A cambio, no sufrirán el mayor riesgo de los asalariados en el sector privado -el paro pues tienen el empleo garantizado.

Los presupuestos iniciales que Solchága presentó ayer parten de la congelación de las retribuciones de los funcionarios, una decisión que ya está tomada para todos los altos cargos a partir de director general. Con esta hipótesis, la partida total de remuneraciones de los empleados del sector público -funcionarios y personal laboral- sufriría un recorte del 0,3% frente a la vigente en 1992, -y quedaría en 1,862 billones de pesetas.

Las pensiones -tanto las públicas que paga el Estado a sus funcionarios jubilados como las que abona la Seguridad Social- es lo único que se salva de la quema. Todas se revalorizarán a partir de enero un 6,4%, con el propósito de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. Para garantizar esa subida a las clases pasivas del Estado, los presupuestos destinan 770.600 millones, de los que 647.647 se destinarán a los 490.820 pensionistas civiles y militares y otros 122.957 millones a las 163.607 compensaciones de guerra.

Aumento del déficit

Aunque las cuentas del Estado se han elaborado con la hipótesis de congelación de retribuciones de los empleados públicos, el Gobierno ha previsto su impacto en el gasto y el déficit en el caso de que se alcance un acuerdo con los sindicatos que representan a la función pública. Ese impacto, según Solchaga, será de 0,3%en el déficit, con lo que la previsión de este desequilibrio pasará del 2,3% al 2,6%.

Aún con congelación de salarios, los empleados públicos tuvieron, entre 1988 y 1992, un incremento global de sus retribuciones del 41,8%, con una tasa de variación interanual del 9,2%. En el mismo periodo, los precios experimentaron un incremento del 28,4% (estimando un IPC del 6,41% para 1992). Por tanto, según los datos ofrecidos por Hacienda, el poder adquisitivo medio de los funcionarios representados en la Mesa General creció un 10,4%, por encima de la media del IPC (véase gráfico adjunto).