El control de los medicamentos

El gasto farmacéutico en nuestro país era excesivo (alrededor del 20% del gasto sanitario, frente al 15% en los demás países de la CE), y, por ello, es preciso una disminución y racionalización del mismo. El problema se plantea en cómo hacerlo para que asegure la calidad asistencial, se mejore la equidad y se disminuya el gasto ineficaz.La llamada comisión Abril dirigió en este sentido sus recomendaciones sobre los usuarios: aumento del porcentaje pagado por éstos, desaparición de la gratuidad de los pensionistas. Sin embargo, se ignoraban las otras alternativas posibles. La FADSP ya propuso e...

El gasto farmacéutico en nuestro país era excesivo (alrededor del 20% del gasto sanitario, frente al 15% en los demás países de la CE), y, por ello, es preciso una disminución y racionalización del mismo. El problema se plantea en cómo hacerlo para que asegure la calidad asistencial, se mejore la equidad y se disminuya el gasto ineficaz.La llamada comisión Abril dirigió en este sentido sus recomendaciones sobre los usuarios: aumento del porcentaje pagado por éstos, desaparición de la gratuidad de los pensionistas. Sin embargo, se ignoraban las otras alternativas posibles. La FADSP ya propuso entonces el que se dejasen de financiar a cargo del Sistema Nacional de Salud aquellos medicamentos que carecían de eficacia terapéutica probada, al amparo de la Ley General de Sanidad y la Ley del Medicamento. El que se haya tardado tanto en avanzar en este sentido muestra la capacidad de presión de la industria.

En el mismo sentido van las referencias del artículo tercero respecto a la no inclusión de medicamentos con precios superiores a los existentes, que en el vademécum actual alcanzan bandas de tres a cinco veces superior para productos que tienen la misma composición y cuya única diferencia (asumiendo un adecuado control de calidad) es el nombre comercial, la etiqueta y la capacidad de marketing de la impresa fabricante, que en muchos casos se limita a envasar un producto que compra en el extranjero. Con todo, siguiendo la proverbial tibiza de la Administración, se pierde una buena oportunidad para implantar los genéricos.

Sin embargo, en lo referente a la actualización que se hace de los precios de medicamentos "de aportación reducida", se producen algunas distorsiones. En primer lugar,, el incremento del coste de los mismos es excesivo y, desde luego, superior al que debería realizarse por el aumento del. IPC (la aplicación de la actualización según el IPC desde 1966 se situaría en tomo a las 200 pesetas). Parecería lógico que algunos fármacos que son vitales (por ejemplo, las insulinas) fueran gratuitos para todos los beneficiarios del SNS. Y en otros casos la financiación reducida que se mantiene facilita su inadecuada utilización, con tendencia al uso de los preparados más caros, más nuevos en el mercado (de nuevo, el marketing de las casas comerciales), olvidando las recomendaciones del tratamiento escalonado, y en muchos casos con indicaciones que son más que dudosas, es el caso, por ejemplo, de los 12 grupos de los hipotensores, cuya definición como de aportación reducida y/o gratuita debería de estar condicionada a su protocolizada prescripción. Mientras ello no se realiza podrían mantenerse en el grupo de "financiación reducida". La existencia de tres listas de medicamentos financiados públicamente existe ya en Portugal, donde los medicamentos del grupo A son gratuitos para todos, el B tiene aportación reducida, y el C, más elevada.

Pagan los consumidores

Por fin llama la atención que el decreto dirige las medidas sólo hacia los consumidores, olvidándose precisamente de los prescriptores (los médicos), que al fin y al cabo son quienes toman la decisión de recetar tal o cual medicamento. Parece difícil que una medida de racionalización. del uso de los medicamentos, que pretenda mantener la calidad de la- asistencia, se pueda conseguir sólo actuando, con medidas económicas (ya que se obvian las de información y educación para la salud), sobre los consumidores. Por ello deberían de complementarse con otras dirigidas a los profesionales, con efectos a más largo plazo, pero, sin duda más sustanciales. Podrían plantearse en este orden las cosas:

-Asegurar por parte del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas una información actualizada e independiente de los profesionales.

-Crear servicios farmacoterapéuticos de área que establecieran guías farmacológicas, especialmente en atención primaria, y protocolización del uso racional de los medicamentos.

-Desarrollar sistemas de incentivación hacia los profesionales que utilizaran más racionalmente los medicamentos.

Unido a un esfuerzo en educación para la salud de la población, seguramente conseguiría no sólo reducir el gasto farmacéutico, sino mejorar la presta ción farmacéutica que recibe.