La reorganización ministerial planteada por Griñán paraliza de nuevo la reforma sanitaria
La reorganización del Ministerio de Sanidad y Consumo que prepara José Antonio Griñán ha sumido a este departamento en un periodo de interinidad que amenaza con paralizar una vez más la reforma sanitaria, según fuentes del sector. Esta reorganización se produce justo un año después de la realizada por el anterior ministro, Julián García Valverde, y es la sexta que tiene lugar en los 10 años de mandato socialista.
El organigrama elaborado por el ministro Griñán confirma a Marcos Peña, director general de Evaluación de servicios, como el hombre fuerte del departamento, y se dan por...
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La reorganización del Ministerio de Sanidad y Consumo que prepara José Antonio Griñán ha sumido a este departamento en un periodo de interinidad que amenaza con paralizar una vez más la reforma sanitaria, según fuentes del sector. Esta reorganización se produce justo un año después de la realizada por el anterior ministro, Julián García Valverde, y es la sexta que tiene lugar en los 10 años de mandato socialista.
El organigrama elaborado por el ministro Griñán confirma a Marcos Peña, director general de Evaluación de servicios, como el hombre fuerte del departamento, y se dan por seguros los ceses de Rodrigo Molina y Francisco Ortega, secretarios generales de Asistencia sanitaria y Salud pública y Consumo, respectivamente.José Antonio Griñán, ministro de Sanidad desde enero pasado tras la dimisión de García Valverde, prevé que esos cambios se queden aprobados antes de las vacaciones estivales del Ejecutivo, a pesar de que Administraciones Públicas no tiene aún conocimiento de la nueva estructura de Sanidad. Ésta contempla una secretaría general, dirigida por Marcos Peña, que aglutina parte de las funciones de las dos secretarías generales actuales y marcará la línea política del departamento. Marcos Peña, amigo personal de Griñán, tendrá bajo su control directo las actuales direcciones generales de Recursos Humanos y Farmacia, así como una dirección general de investigación de nueva creación. Esta englobará tanto al FISS (Fondo de Investigaciones de la Seguridad Social) como al Instituto de Salud Carlos III, dirigido por Rafael Nájera. Al frente de la nueva dirección general estará con toda probabilidad José Ramón Ricoi.
No está claro, en cambio, si de Marcos Peña dependerá también el Insalud. Al principio se barajó esa posibilidad, pero los últimos borradores sitúan a ese organismo dependiendo de la actual subsecretaria, la abogada Ángeles Amador. Griñán sí ha descartado definitivamente convertir el Insalud en un ente público sujeto al derecho privado. Esto le daría más autonomía de gestión pero perdería, a juicio del ministro, el carácter de autoridad que tiene actualmente como organismo público. Autoridad que Griñán considera básica en el Insalud, ya que presta asistencia sanitaria al 43% de la población.
Asistencia, y no teoría
Al Insalud estará ligada además la Salud Pública; Griñán desea que las medidas de prevención tomen cuerpo en el terreno de la asistencia y abandonen el carácter teórico que tienen actualmente. Respecto a Consumo, unido ahora con Salud Pública, Griñán considera que debe orientarse hacia "una política de cualificación de la oferta". Se trata, a juicio del ministro, de una política económica propia y autónoma, que debe tener un tratamiento diferenciado. Creará, por ello, una secretaría general independiente que será asumida con toda probabilidad por el Instituto Nacional de Consumo.De confirmarse la dependencia del Insalud de la subsecretaria, en la actualidad con funciones meramente técnicas, ésta tendría bajo su control todo el área de provisión de servicios, incluyendo la dirección general de alta Inspección y coordinación con las comunidades autónomas. En la prestación de servicios, la principal novedad la constituye la creación de una dirección general de aseguramiento. A su frente se barajan los nombres de José Manuel Freire, ex consejero de Salud en el País Vasco, y Patxi Cuberta, viceconsejero de Sanidad en Andalucía con Griñán.
Esta nueva dirección tendrá como objetivo principal clarificar y estructurar las íntimas relaciones del Insalud con las compañías de seguro libre y mutuas, que utilizan de forma habitual y sistemática los hospitales públicos (en casos de accidentes de tráfico, por ejemplo), pero rara vez pagan por esos servicios.
La Federación, de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) considera esa dirección general como uno de los aciertos del nuevo organigrama. "Con las mutuas y seguros de automóviles hay una situación confusa, extraña, muy mal delimitada, que es absolutamente necesario aclarar", afirma Marciano Sánchez Baile, portavoz de la FADSP. Sin embargo, considera que Griñán ha optado, al igual que sus predecesores en el ministerio, por primar los aspectos de reorganización interna en detrimento de las medidas de reforma sanitaria anunciadas repetidamente. "Se necesita esa organización y se habla mucho de ella pero en la realidad se han hecho pocas cosas concretas. Es un desastre, cada uno que viene hace una cosa distinta y ahora, una vez Más, se opta por prácticamente no hacer nada y parar la reforma sanitaria", se lamenta el portavoz de la FADSP.
Esta opinión es compartida por técnicos y cargos del ministerio. "Sumando las dos reestructuraciones que hizo Ernest Lluch, las dos que hizo Julián García Vargas y la de García Valverde en 1991, ésta será la sexta en 10 años. Eso da una media de permanencia en los cargos de los directores generales de apenas año y medio. Así no se puede trabajar, los que vengan ahora tardarán seis meses en ponerse al día y casi de forma inmediata se entra ya en un periodo preelectoral", afirma un alto cargo del ministerio.
Incertidumbre
La crudeza de la crisis económica, desvelada en las últimas semanas, ha contribuido a aumentar aún más la incertidumbre. En el último Consejo territorial, los consejeros autonómicos de Sanidad coincidieron en señalar que la mejora de la gestión sanitaria pasa por una premisa previa: un presupuesto para 1993 que reconozca los gastos reales, y olvide definitivamente los presupuestos insuficientes de los últimos años. Ahora, con la austeridad anunciada por el Gobierno, ese objetivo parece difícil de alcanzar, toda vez que el consejero de Cataluña, Xavier Trías, cifró en 300.000 millones de pesetas lo que se desviará el presupuesto en 1992.
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