UGT apoya un pacto global de rentas con la moderación de los salarios por convenio
Los sindicatos ya tienen una primera respuesta a la oferta del presidente del Gobierno de negociar. un pacto de rentas. Frente al desencuentro que se produjo hace un año al tratar este asunto durante la negociación del pacto de competitividad, el secretario de acción sindical de UGT, Apolinar Rodríguez, alabó ayer la política de rentas pues, a su juicio, "sólo la plantean los Gobiernos progresistas". Las centrales pedirán a González que el pacto de rentas sea global. UGT afirmó ayer que además debe incluir la misma moderación que los salarios pactados en convenio este año. El aumento medio pac...
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Los sindicatos ya tienen una primera respuesta a la oferta del presidente del Gobierno de negociar. un pacto de rentas. Frente al desencuentro que se produjo hace un año al tratar este asunto durante la negociación del pacto de competitividad, el secretario de acción sindical de UGT, Apolinar Rodríguez, alabó ayer la política de rentas pues, a su juicio, "sólo la plantean los Gobiernos progresistas". Las centrales pedirán a González que el pacto de rentas sea global. UGT afirmó ayer que además debe incluir la misma moderación que los salarios pactados en convenio este año. El aumento medio pactado es del 7,5%.
El sindicato UGT aprovechó ayer la presentación de un avance de los resultados de la negociación colectiva de este año para ofrecer su visión de cómo debería ser el pacto de rentas que el presidente del Gobierno les va a ofrecer el próximo lunes. Según Apolinar Rodríguez, el 7,5% de aumento medio pactado en los convenios de este año es una clara muestra de moderación salarial, toda vez que sólo supera en un punto a la inflación (el IPC interanual quedó en mayo en el 6,5%). La política de rentas, añadió, consistiría en llevar esa moderación a otros salarios". Los aumentos salariales pactados en convenio sólo superan el 8,5% en la federación de enseñanza, según los datos de UGT. Le siguen los convenios pactados en la construcción (un 7,9%) y en la función pública (un 7,8%). La Administración ha intervenido en los dos últimos, en la construcción porque se nombró un árbitro y en la función pública porque actúa como empleador.
Según UGT -la central que más reticente se había mostrado al pacto de rentas frente a la oferta negociadora de Comisiones- "si las rentas salariales fuera de convenio y las no salariales hubieran tenido un comportamiento equivalente a los salarios sujetos a convenio ya estaríamos haciendo una excelente política de rentas". Las centrales consideran, pues, que la CEOE tiene la responsabilidad de limitar, por ejemplo, las retribuciones de los directivos "que están creciendo por encima del 10% y son de las más altas de la CE".
Precisamente ayer, el secretario general dé la CEOE, Juan Jiménez Aguilar, aseguré que los desequilibrios de la economía española no se solucionan sólo con un pacto de salarios sino que es preciso también actuar en materia de gasto público, déficit y comercio exterior. El presidente de la CEOE, José María Cuevas
quiere exponer estas ideas al presidente del Gobierno, Felipe González, para lo que le va a so licitar en breve una entrevista. Jiménez Aguilar precisó que Cuevas quiere entregar a González un documento sobre la situación de la economía española que aprobará el próximo martes la junta directiva de la CEOE. Jiménez Aguilar criticó una vez más la elevada conflictividad laboral que se registra en España.
UGT intentó ayer restar importancia a la elevada conflictividad registrada este año. Según Apolinar Rodríguez, "esta conflictividad no se ha producido en el ámbito de la negociación colectiva sino por motivos macroeconómicos". Tales motivos son, según este sindicalista, los paros generales convocados en distintas comunidades autónomas, las huelgas sectoriales para pedir al Gobierno una política de reindustrialización y el 28-M.
Tanto UGT como CC OO criticaron la anunciada modificación del plan de convergencia. Antonio Gutiérrez calificó la revisión de "burla intolerable al Parlamento". Argumentó que el Gobierno se ha negado a negociar los proyectos de ley de huelga y de desempleo porque estaban tramitándose en el Parlemento y ahora va a modificar un texto aprobado en las Cortes.
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