La ventaja de ser latino

La madre patria parece dispuesta a ejercer su cometido: la Administración acaba de aprobar medidas favorables a la permanencia en España de latinoamericanos, filipinos y ecuatoguineanos acogidos al proceso de regularización. Desde ahora, les basta con acreditar dos años de estancia para obtener un permiso de cinco, algo que magrebíes y africanos tienen vedado hasta no poder demostrar un lustro de residencia.

"Es una discriminación, pero el trato favorable obedece a la tradición legislativa", explica el director general de Migraciones, Raimundo Aragón.La nueva normativa fue acordada el p...

La madre patria parece dispuesta a ejercer su cometido: la Administración acaba de aprobar medidas favorables a la permanencia en España de latinoamericanos, filipinos y ecuatoguineanos acogidos al proceso de regularización. Desde ahora, les basta con acreditar dos años de estancia para obtener un permiso de cinco, algo que magrebíes y africanos tienen vedado hasta no poder demostrar un lustro de residencia.

"Es una discriminación, pero el trato favorable obedece a la tradición legislativa", explica el director general de Migraciones, Raimundo Aragón.La nueva normativa fue acordada el pasado jueves por la comisión interministerial de extranjería. Forma parte de las instrucciones para renovar los permisos de trabajo y residencia concedidos durante el proceso de regularización, abierto en mayo de 1991. De los 124.107 solicitantes, han conseguido el permiso de residencia y trabajo 103.344. El grupo más importante de legalizados son marroquíes -algo más de 40.000-, seguidos por argentinos -7.000-, peruanos y dominicanos -cada grupo más de 5.000-.

Desde ahora se abre el plazo de renovación de permisos de los regularizados, y la situación se vuelve diferente según la nacionalidad del solicitante: latinoamericanos, andorranos, filipinos y ecuatoguineanos que acrediten llevar dos años residiendo en España -aunque no haya sido todo el tiempo legalmente- obtendrán permiso de trabajo y residencia para cinco años.

Sin embargo, al otro gran contingente de inmigrantes -árabes y africanos, sobre todo- no le basta con 24 meses: necesita demostrar la estancia de cinco años para obtener el permiso por otros tantos. Pueden conseguirlo antes si tienen un cónyuge español o hijos nacidos aquí. Como en el caso de los latinoamericanos, no es Preciso que hayan estado todo el tiempo con papeles. Si no demuestran los cinco años de antigüedad en España, deben renovar anualmente los permisos.

La noticia ha causado revuelo entre los inmigrantes que hacen cola en la Dirección General de Migraciones, en Madrid, para renovar sus permisos. "Me parece estupendo. La madre patria de alguna manera tiene que echar una mano". afirma la peruana Urbelinda Mamani. Lleva tres años en España, aunque sólo uno legalmente, y confía en poder acogerse a la nueva normativa. "Es una medida justa", añade la dominicana Esperanza Rodríguez.

"A mí me parece una decisión racista.", apunta el odontólogo colombiano Gonzalo Giménez. Él es uno de los favorecidos, pero cree que la medida debería beneficiar a todos los inmigrantes. "Eso está muy mal. Nos discriminan por motivos de religión", tercia el marroquí Redua Lassmi. "Todos somos extranjeros, ¿por qué hacen diferencias entonces?", se pregunta el senegalés Modou Dieng.

Justificación

El director general de Migraciones, Raimundo Aragón, justifica la medida en la tradición española. Aunque establezca desigualdades, permite al menos a un colectivo mejorar la situación. "Con ello se favorece la integración social y laboral", señala. "Esto es privilegiar a unos y discriminar a otros", replica Mohamed Reduan, de la Asociación de Emigrantes Marroquíes en España (AEME). Esta organización teme que empresarios desaprensivos se puedan aprovechar de la medida: a cambio de dinero o trabajo gratuito se prestarían a certificar al inmigrante más años de estancia.También se prevén otros cambios en la legislación sobre extranjeros: el Gobierno va a suprimir la figura del derecho de asilo y mantendrá únicamente la de refugio. Las garantías reconocidas en aquél serán englobadas en la que actualmente conlleva la condición de refugiado, que es la reconocida internacionalmente, según el Ministerio del Interior. Así se unifica en una sola figura lo previsto hasta ahora en dos, afirma Interior, que añade que el derecho de asilo está reconocido por la Constitución.