"Una decisión monstruosa"

Tres de los miembros del Tribunal Supremo votaron en contra de la polémica sentencia. Uno de ellos, el juez John Paul Stevens, dijo que la decisión era un mal ejemplo para otros países del mundo. "Sospecho que la mayoría de los jueces del mundo civilizado lamentarán profundamente la monstruosa decisión que este tribunal ha tomado hoy. Todas las naciones que ' tienen interés en preservar la ley se verán afectadas, directa o indirectamente, por una medida de esta naturaleza", opinó el juez Stevens, a quien se sumaron Harry Blackmun y la única mujer que integra el Tribunal, Sandra Day O'Conno...

Tres de los miembros del Tribunal Supremo votaron en contra de la polémica sentencia. Uno de ellos, el juez John Paul Stevens, dijo que la decisión era un mal ejemplo para otros países del mundo. "Sospecho que la mayoría de los jueces del mundo civilizado lamentarán profundamente la monstruosa decisión que este tribunal ha tomado hoy. Todas las naciones que ' tienen interés en preservar la ley se verán afectadas, directa o indirectamente, por una medida de esta naturaleza", opinó el juez Stevens, a quien se sumaron Harry Blackmun y la única mujer que integra el Tribunal, Sandra Day O'Connor. Entre los que votaron a favor se encuentra el juez Clarence Thomas, el último de los jueces que se integró a un tribunal renovado en los tiempos de Reagan y Bush, y que hoy tiene un claro predominio conservador.

El presidente del Tribunal, William Relinquist, explicó que en el caso del médico mexicano Humberto Álvarez-Machaín su secuestro no viola el tratado de extradición con México, firmado en 1980, porque ese convenio no hacía referencia explícita a los casos de detenciones de ciudadanos mexicanos en suelo mexicano.

El juez Stevens rebatió ese argumento afirmando que, tal como Rehnquist lo entiende, el Gobierno norteamericano puede torturar o asesinar individuos fuera de sus fronteras, simplemente porque las leyes y tratados internacionales no lo prohíben expresamente.

Fuentes de la Administración norteamericana afirmaron que ninguno de los 103 tratados de extradición que actualmente este país tiene firmados con otras tantas naciones prohíben el derecho a detener a un sospechoso fuera de las fronteras de Estados Unidos.