La larga marcha hacia la Union
España deberá realizar un duro ajuste para integrarse en el ecu en 1999
Pasada la euforia de la cumbre de Maastricht, las autoridades españolas se han encontrado ya con la dura realidad de lo que supondrá la unión económica y monetaria. Desde que se ¡nició el debate previo a la reunión de jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad Europea, Carlos Solchaga ha venido insistiendo en que España estará en condiciones de estar entre los grandes de la CE cuando se consume la unión. Sin embargo, la economía española tan sólo cumple una de las cuatro condiciones impuestas para participar en la primera velocidad europea. Ni la inflación, ni los tipos de interés, ni el défic...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
Pasada la euforia de la cumbre de Maastricht, las autoridades españolas se han encontrado ya con la dura realidad de lo que supondrá la unión económica y monetaria. Desde que se ¡nició el debate previo a la reunión de jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad Europea, Carlos Solchaga ha venido insistiendo en que España estará en condiciones de estar entre los grandes de la CE cuando se consume la unión. Sin embargo, la economía española tan sólo cumple una de las cuatro condiciones impuestas para participar en la primera velocidad europea. Ni la inflación, ni los tipos de interés, ni el déficit público están en línea con nuestros socios comunitarios. Tan sólo cumplimos en deuda pública.
Las cuentas no cuadran en España. A pesar de los esfuerzos de ajuste económico realizados en los últimos años, la situación española está todavía lejos de los países punteros de la CE. Es cierto que el crecimiento económico está por encima de la media comunitaria, pero ese fuerte aumento del PIB esconde todavía grandes desajustes estructurales que, además, no podrán ser subsanados a corto plazo. A la vista de las estadísticas actuales, solamente una dura política de ajuste podrá situar la economía española en línea con las naciones que marcarán la pauta de Unión Europea del siglo XXI.Antes de fin de año, el ministro de Economía y Hacienda presentará al Parlamento las líneas de actuación a medio plazo que permitan a España estar en la primera velocidad europea. Carlos Solchaga lleva meses insistiendo en que la economía española tiene tiempo para ajustar sus indicadores básicos y alinearse con las naciones punteras de la CE. Sin embargo, la tozudez de las cifras juegan en contra del equipo económico español. El ajuste debe continuar.
De las cuatro condiciones impuestas en la cumbre de Masstricht para pertenecer a los países que liderarán la Europa unida, España tan sólo cumple una. Esquemáticamente, los requisitos se resumen en mantener la inflación dentro de una banda inferior a 1,5 puntos por encima de la media de los tres países que la tengan más baja, que los tipos de interés no excedan en 2 puntos a la media de los tres países que los tengan más bajos, y que el déficit público esté por debajo del 3% del PIB y que la deuda pública se sitúe por debajo del 60% del PIB.
Actualmente, la media de los tres países con aumento de precios más moderados está en el 2,7%, mientras que España está en tomo al 5,7%; es decir 3 puntos por encima de la media y 1,5 puntos por encima de los permitido. Hay siete años para ajustar este diferencial, pero los esfuerzos realizados hasta le fecha no son un buen precedente en este sentido. Algo parecido sucede en cuanto a tipos de interés que están ligados a la inflación. En la actualidad, el tipo de interés oficial a largo plazo está por encima del 12%, frente a la media de entre un 7% y un 8% de las economías mejor situadas.
Tampoco en déficit público se cumplen los requisitos impuestos en Maastricht, ya que las buenas intenciones anunciadas por Solchaga en su día se han venido abajo al presentar los Presupuestos Generales del Estado para 1992.
El déficit de las administraciones públicas está todavía en el 3,7% del PIB, frente al 3% exigido por la CE para entrar con los primeros. Los recortes impuestos en el gasto público han sido absorbidos por la disminución de las tarifas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para el próximo año, que no han podido ser compensados con el aumento de impuestos indirectos (IVA e impuestos especiales).