Un recluso liberado por estar muy enfermo comete 15 atracos en 60 días
El recluso Guillermo Segura Martín, de 28 años, excarcelado por sufrir sida en fase terminal, cometió al menos 15 atracos en gasolineras y entidades bancarias de Madrid en los 60 días siguientes a su puesta en libertad. El juez decretó su libertad para que pudiera morir tranquilo en su casa. Varios jueces de Madrid han expresado su "preocupación" y "dudas" sobre la conveniencia de dejar en libertad a estos internos. "Salen a la calle sin tener donde ir y sin ayuda, ni médica ni económica; saben que van a morir, y nada les importa", aseguran fuentes jurídicas.
Fuentes relacionadas con In...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El recluso Guillermo Segura Martín, de 28 años, excarcelado por sufrir sida en fase terminal, cometió al menos 15 atracos en gasolineras y entidades bancarias de Madrid en los 60 días siguientes a su puesta en libertad. El juez decretó su libertad para que pudiera morir tranquilo en su casa. Varios jueces de Madrid han expresado su "preocupación" y "dudas" sobre la conveniencia de dejar en libertad a estos internos. "Salen a la calle sin tener donde ir y sin ayuda, ni médica ni económica; saben que van a morir, y nada les importa", aseguran fuentes jurídicas.
Fuentes relacionadas con Instituciones Penitenciarias aseguran que la excarcelación de enfermos terminales supone a veces "un peligro potencial" para la sociedad. Opinan que, en casos de este tipo, es preferible dejar al interno en prisión, donde tendrá a su alcance más atención sanitaria que si está en la calle.La legislación vigente faculta a los jueces de vigilancia penitenciaria para otorgar la libertad provisional a los presos desahuciados por la medicina cuyo fallecimiento se considere próximo e inevitable. El juez que otorgó la libertad a Segura Martín se amparó precisamente en informes médicos que evidenciaban su irreversible afección.
Segura Martín, que reside en la zona de Huertas, estaba recluido en la prisión cántabra del Dueso cuando el juzgado de vigilancia otorgó su libertad. Al salir de la cárcel, sin embargo, atracó, presuntamente, nueve gasolineras -una de ellas en tres ocasiones-, varias entidades bancarias (casi todas de la zona norte de Madrid) y "numerosos robos con intimidación a transeúntes", según fuentes de los juzgados de la plaza de Castilla.
Pocos días después de quedar en libertad, el 24 de diciembre de 1990, atracó la gasolinera denominada Petrolandia; también cometió [siempre supuestamente, pues aún tiene pendientes la mayoría de los juicios] otros tres atracos en el surtidor que Cepsa posee en la calle de Marcaspio y otros dos más en las gasolineras ubicadas en la calles de Ginzo de Lima y de Herrera Oria.
Atracos a bancos
Segura Martín tiene abiertas también diligencias por otros tres robos en otras tantas entidades bancarias madrileñas. Se trata de la sucursal que el Banco de Santander posee en la calle de Sangenjo, de la que tiene la Caja Postal en la calle de Leopoldo Alas Clarín y de la que tiene el Banco Bilbao-Vizcaya en Tres Cantos.La comisaría de Fuencarral, además, le ha abierto diligencias por su presunta intervención en "numerosos robos" a ciudadanos.
Todas las fechoría de las que se le acusa las cometió entre diciembre de 1990 y enero de 1991, provisto de un arma blanca. El recluso se encuentra otra vez ingresado en Carabanchel y, a juzgar por su historial, resulta difícil que se le vuelva a conceder de nuevo el beneficio de la libertad.
Además de esas diligencias, Segura Martín ha sido condenado, al menos, en dos ocasiones por robos en gasolineras. El Juzgado de lo Penal número 27 de Madrid lo condenó el pasado 30 de noviembre a seis años de cárcel. Con anterioridad, el número 6 le impuso otra condena de seis meses por el robo de otra gasolinera ubicada en la zona norte de Madrid. Además tiene otra causa por robo en el Juzgado de lo Penal número 4.
El hecho de que se le hayan impuesto dos penas diferentes por un delito similar -el robo de una gasolinera- es debido a que el primero de los juzgados citados entendió que concurría la eximente incompleta de drogadicción.
El segundo no ha apreciado ninguna circunstancia modificativa de su responsabilidad, al considerar que no está probado que el interno tuviese alterada su voluntad cuando robó en el surtidor.
Jueces consultados por este periódico se muestran partidarios de que los internos enfermos graves que carezcan de medios y de familiares que se hagan cargo de ellos permanezcan en la cárcel, donde van a disponer, suponen, de mayores cuidados. No obstante, coinciden en que se trata de un problema complejo.