La 'comisión Abril' propone subir los impuestos y limitar las prestaciones de la sanidad publica

La comisión de expertos encargada de diseñar la reforma del sistema nacional de salud para detener el aumento del gasto propone al Gobierno que los usuarios participen en el coste de los servicios, así como que el déficit se financie "mediante deuda pública y un incremento de los impuestos y las cotizaciones" según el informe que Fernando Abril Martorell, presidente de la comisión, entregará hoy a Julián García Valverde, ministro de Sanidad y Consumo. La comisión Abril apuesta también por delimitar las "prestaciones básicas que deben ser cubiertas" y sugiere que se consideren como tales "los s...

La comisión de expertos encargada de diseñar la reforma del sistema nacional de salud para detener el aumento del gasto propone al Gobierno que los usuarios participen en el coste de los servicios, así como que el déficit se financie "mediante deuda pública y un incremento de los impuestos y las cotizaciones" según el informe que Fernando Abril Martorell, presidente de la comisión, entregará hoy a Julián García Valverde, ministro de Sanidad y Consumo. La comisión Abril apuesta también por delimitar las "prestaciones básicas que deben ser cubiertas" y sugiere que se consideren como tales "los servicios que se dispensaban en todo el territorio nacional cuando se aprobó la Ley General de Sanidad", en 1986.

De llevarse a cabo esta medida quedarán fuera de la asistencia de la Seguridad Social avances médicos en terrenos tan aceptados por el ciudadano como los trasplantes de tejidos o las últimas técnicas de reproducción asistida. Quedarán fuera también reivindicaciones seculares como la atención dental y la asistencia psiquiátrica en los ambulatorios, así como que los hospitales públicos atiendan la demanda de abortos legales.Estas denominadas prestaciones adicionales o complementarias podrían introducirse en los servicios sanitarios "con una cofinanciación por el usuario", y en todo caso "no formarían parte de un concepto exigible, sino discrecional, cuya financiación podría graduar el sistema nacional de salud según las circunstancias socioeconómicas" del paciente. En general, se considera que "Ios usuarios deberían participar, aunque minoritariamente, en el coste del servicio". "Las cantidades deberían ser muy reducidas y principalmente dirigidas a aumentar la percepción de los costes", señala el informe. Es decir, recomienda abiertamente al Gobierno que instaure el denominado tique moderador.

Esto indica que la comisión Abril ha optado por recoger algunas de las medidas más duras propugnadas en los informes de las nueve subcomisiones que han analizado las parcelas que conforman el rompecabezas de la asistencia sanitaria.

Pero la comisión Abril ha descartado finalmente recomendar al Gobierno el cambio tan drástico que suponía la desaparición de las cuotas de la Seguridad Social del sistema de financiación, tal y como se recogía, a propuesta de destacados miembros de la comisión, en los borradores avanzados del informe. Esto hubiera tenido repercusiones inmediatas sobre el papel actual del Insalud, así como sobre las transferencias aún pendientes a 11 comunidades autónomas.

El texto final del informe considera, en cambio, que debe continuar el actual sistema mixto de cuotas y fondos públicos. "La asignación de recursos para la sanidad a través de los presupuestos del Estado debe continuar como fuente principal de financiación, pero en ningún caso conviene reducir el nivel actual de los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social", afirma la comisión.

El 70% de los 2,1 billones destinados a sanidad este año proceden de los Presupuestos Generales del Estado, y el 30% restante, de las cuotas de la Seguridad Social. Pero esa cantidad presupuestada es sensiblemente inferior a la que realmente se va a gastar. Fuentes cercanas a la comisión Abril sitúan el déficit actual en cerca del billón de pesetas.

Medida impopular

La continuidad en el sistema de 5nanciación se argumenta en el informe en la constatación de que esas cuotas "se consideran básicas para reconocer el esfuerzo fiscal individual con relación al coste de los servicios". Tras esto considera que en la tarea de que los mecanismos de financiación ayuden a reconocer, tanto a usuarios como a proveedores, la dimensión del coste sanitario "podría ser útil desagregar los tipos de cotización por contingencias".

En esa misma línea de que los usuarios sean conscientes de lo que cuesta su asistencia, propugna que los centros sanitarios tengan la obligatoriedad de emitir una "factura informativa sin contraprestación dineraria -o siendo está muy reducida-", donde se indique la parte que corresponde a la subvención con fondos públicos.

En el apartado de los gastos farmacéuticos es donde más contundentes se muestran los economistas y médicos que componen la comisión. Así, afirman: "A pesar de la impopularidad de la medida, sólo ven posible recomendar la extensión de la participación" de todos los usuarios, incluidos los ancianos, como forma de delimitar el "consumo exagerado". Entre las propuestas para paliar la dureza de esta medida en los colectivos más necesitados consideran que en el caso de los "pensionistas institucionales sería requisito indispensable incrementar la pensión". "Si por razones de oportunidad política", continúa el informe, "no se estimase conveniente generalizar la participación en el coste deberá analizarse la posibilidad de sustituir la subvención actual por un reembolso a posteriori ".

Con respecto al papel que desempeñan los médicos en la actual "sobreprescripción", la comisión Abril considera que deben "actualizar sus conocimientos farmacológicos" e incentivar entre ellos la receta "racional, suficiente y de bajo coste". El informe responsabiliza de esa "sobreprescripción" a los facultativos de la atención primaria (ambulatorios y centros de salud). Afirma también que considera que esta puerta de entrada al sistema sanitario "no merece la confianza de la población" y sobrecarga la actividad de los hospitales.