'Operación doping'
Los sumarios instruidos por varios juzgados de más de 20 provincias españolas donde la policía ha desarrollado la denominada operación doping, para desarticular una red de tráfico de productos ilegales destinados al engorde artificial de ganado, serán remitidos a la Audiencia Nacional, al intervenir juzgados de diversas localidades, según fuentes policiales.La policía ha cursado sendas órdenes de busca y captura contra Carlos Abascal Martínez, de 28 años, con domicilio en Vitoria y José Manubens Turro, de 50 años, domiciliado en Granollers (Barcelona), presuntos jefes del grupo organizado de v...
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Los sumarios instruidos por varios juzgados de más de 20 provincias españolas donde la policía ha desarrollado la denominada operación doping, para desarticular una red de tráfico de productos ilegales destinados al engorde artificial de ganado, serán remitidos a la Audiencia Nacional, al intervenir juzgados de diversas localidades, según fuentes policiales.La policía ha cursado sendas órdenes de busca y captura contra Carlos Abascal Martínez, de 28 años, con domicilio en Vitoria y José Manubens Turro, de 50 años, domiciliado en Granollers (Barcelona), presuntos jefes del grupo organizado de venta de productos sanitarios prohibidos por ser peligrosos para la salud. Ambos se entregaron ayer.
En el interior del coche abandonado por Carlos Abascal en Segovia la semana pasada, un Citröen CX-25, matrícula VI-6245-J, efectivos de la brigada de policía judicial de la comisaría segoviana encontraron tres millones de pesetas en metálico, 71,5 kilos de clembuterol o de una sustancia similar, 400 implantes hormonales y tranquilizantes de los que se emplean al final de la fase de engorde del ganado.
Además, se hallaron numerosos documentos que, según los investigadores, pueden ser decisivos para esclarecer el entramado de este grupo organizado, sin que se descarten nuevas detenciones en las próximas horas.
La policía piensa que la mayoría de los productos ilegales eran importados por Abascal y Manubens desde Bélgica, y ellos mismos se encargaban de su distribución a los ganaderos, aunque podían contar con el apoyo de algunos veterinarios. Este es el motivo por el que dos veterinarios de Salamanca y uno de Segovia, funcionarios de la Junta de Castilla y León, han prestado declaración por este caso.