Hacienda estudia prorrogar al menos un año el actual sistema de financiación autonómica

Hacienda estudia la posibilidad de prorrogar al menos durante un año el actual sistema de financiación autonómica. Las dificultades de calendario para acabar las negociaciones -que aún no se han iniciado antes de que se cierren los Presupuestos Generales del Estado para 1992, es decir, antes de octubre próximo, unido a las incertidumbres recaudatorias que provocará la entrada en vigor del nuevo IRPF, son los principales argumentos de Hacienda.

Una de las principales dudas del Gobierno es, precisamente, la duración de esta prórroga. Un año de aplazamiento bastaría para resolver las actua...

Hacienda estudia la posibilidad de prorrogar al menos durante un año el actual sistema de financiación autonómica. Las dificultades de calendario para acabar las negociaciones -que aún no se han iniciado antes de que se cierren los Presupuestos Generales del Estado para 1992, es decir, antes de octubre próximo, unido a las incertidumbres recaudatorias que provocará la entrada en vigor del nuevo IRPF, son los principales argumentos de Hacienda.

Una de las principales dudas del Gobierno es, precisamente, la duración de esta prórroga. Un año de aplazamiento bastaría para resolver las actuales premuras de calendario y facilitaría que el nuevo sistema fuera fruto de un debate sereno. Pero una prórroga de dos años permitiría comprobar con exactitud qué recorte recaudatorio implicará la entrada en vigor del nuevo IRPF.Este recorte ha sido presupuestado inicialmente por Hacienda en 400.000 millones de pesetas, y debería compensarse a través de la tributación de los empresarios y profesionales, la afloración de dinero negro y la puesta en marcha de la Agencia Tributarla.

El IRPF, además, puede ser precisamente uno de los ejes del nuevo sistema. La Generalitat de Cataluña, como otros Gobiernos autónomos, ha solicitado repetidamente la gestión de este impuesto, y los socialistas catalanes defienden que una parte significativa -cifrada de modo oficioso en torno al 20%- de la financiación autonómica proceda del impuesto sobre la renta. Asimismo, los presupuestos de 1992 se anuncian restrictivos, en coherencia con la pretensión del Gobierno de reducir el déficit público. Y ése no parece el mejor de los escenarios posibles para dar vía libre al nuevo sistema de financiación.

Insinuaciones en Vitoria

Las insinuaciones de Hacienda de que sería conveniente el aplazamiento han sido mal encajadas en algunas comunidades. Estas insinuaciones fueron especialmente claras el pasado viernes, en un seminario realizado en Vitoria con motivo del décimo aniversario de la aplicación del cupo vasco. Al acto, en el que estuvieron presentes los consejeros de Economía del País Vasco, Navarra, Baleares y Cataluña y representantes de otras comunidades, asistieron el secretario de Estado de Hacienda, Antoni Zabalza, y el director general de Coordinación con las Haciendas Territoriales, José Tanco.A juicio del responsable del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat, Maciá Alavedra, el aplazamiento sería negativo. En su opinión, "aún hay tiempo para negociar. El problema es que Madrid no se decide a convocar las negociaciones". La prórroga del actual sistema sería mal encajada por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, que ha puesto como referencia estas negociaciones para constatar la voluntad del Gobierno de llegar a acuerdos básicos en materia autonómica.

Al mismo tiempo, retrasar las negociaciones un año significaría que éstas se iniciarían en 1992, año en que Pujol tiene que convocar elecciones al Parlamento de Cataluña, probablemente a principios de abril. Este factor, unido al mencionado efecto recaudatorio del nuevo IRPF, aconsejarían prorrogar el sistema actual por un tiempo incluso superior a un ano, pero esto, a su vez, tendría consecuencias políticas negativas, ya que las comunidades podrían echar en cara al Gobierno su incapacidad para negociar el nuevo sistema en los plazos acordados.

Las negociaciones debían haberse iniciado a principios de año, pero el conflicto del Golfo, la crisis de Gobierno, la negociación del nuevo IRPF y, finalmente, las elecciones autonómicas y municipales de mayo aconsejaron su aplazamiento hasta junio.