La ley supone un duro golpe al "mercado negro" de archivos

La próxima ley de Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal supondrá un duro golpe para el actual "mercado negro" de este tipo de archivos que existe en el seno de las Administraciones Públicas desde las que se suministran informaciones a empresas de recopilación de direcciones, reparto de documentos, publicidad o venta directa.Así lo estima, al menos, Rafael Fernández Calvo, directivo de la Comisión de Libertades e Informática (CLI), entidad no gubernamental, integrada por juristas, asociaciones profesionales y ciudadanas, sindicatos, técnicos y usuarios, y que fue presentada rec...

La próxima ley de Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal supondrá un duro golpe para el actual "mercado negro" de este tipo de archivos que existe en el seno de las Administraciones Públicas desde las que se suministran informaciones a empresas de recopilación de direcciones, reparto de documentos, publicidad o venta directa.Así lo estima, al menos, Rafael Fernández Calvo, directivo de la Comisión de Libertades e Informática (CLI), entidad no gubernamental, integrada por juristas, asociaciones profesionales y ciudadanas, sindicatos, técnicos y usuarios, y que fue presentada recientemente en Madrid. En el artículo 26 del borrador de la nueva ley se señala que este tipo de empresas sólo utilizarán listas de nombres y direcciones cuando las mismas figuren en documentos accesibles al público o en documentos privados facilitados por los propios afectados y obtenidos con su consentimiento expreso.

Ley positiva, pero tardía

En una primera estimación, estos sectores, que representan a la sociedad civil y que han llamado en repetidas ocasiones la atención sobre la "indefensión a la que estaba sometido el ciudadano español ante los datos informatizados", señalan que la ley es positiva "a pesar de que llega muy tarde, 12 años des pués de que se aprobara el man dato constitucional para crearla". según Fernández Calvo.

Los coordinadores de la CLI estiman, no obstante, que una ley de esta importancia deberia ser consultada entre los distintos grupos sociales interesados y afectados, y ponen serios reparos a algunos de los contenidos del texto.

"Nos preocupa mucho", ha añadido Fernández Calvo, "las excepciones que se establecen a la ley por razones de defensa, seguridad del Estado, seguridad pública y verificaciones de las Administraciones Públicas, porque de esta forma se le deja al ciudadano con la misma inseguridad jurídica que si no existiera ley alguna. En cualquier caso debería ser la 'autoridad' o el Comisario de Protección de Datos, quien decidiera sobre qué datos afectan a la defensa y seguridad nacional".

La Comisión de Libertades e Informática tampoco estima positiva la creación de la figura del citado "Comisario", dependiente de la Administración, y defiende como alternativa una autoridad independiente, integrada por representantes del Parlamento, de la Administración, de la judicatura, de los sindicatos y de las asociaciones ciudadanas y de usuarios.

Una de las cuestiones más apasionantes a las que hace referencia el texto es el del movimiento internacional de datos. A juicio de los profesionales de la informática, representados en la CLI, "deberían recogerse aspectos más concretos de las bases de datos relacionales en el ámbito internacional", porque, entre otras cosas, no aparecen qué conexiones están previstas.