Cara y cruz de cada normativa

El caso Germán Sáenz de Santamaría se ha convertido en una prueba que la ley del aborto no ha logrado superar. Tras el escándalo, la necesidad urgente de modificar esa normativa se ha planteado tanto desde la sociedad como desde el Gobierno. A pesar de ello, las próximas elecciones aconsejan abrir, según el PSOE, una nueva tregua. EL PAÍS ha recabado la opinión de todos los miembros del Gabinete, así como de las mujeres que desempeñan cargos en la Administración y en el partido. Ante el silencio impuesto por el PSOE y la disparidad de opiniones que hay en el Ejecutivo, Matilde Fernández consid...

El caso Germán Sáenz de Santamaría se ha convertido en una prueba que la ley del aborto no ha logrado superar. Tras el escándalo, la necesidad urgente de modificar esa normativa se ha planteado tanto desde la sociedad como desde el Gobierno. A pesar de ello, las próximas elecciones aconsejan abrir, según el PSOE, una nueva tregua. EL PAÍS ha recabado la opinión de todos los miembros del Gabinete, así como de las mujeres que desempeñan cargos en la Administración y en el partido. Ante el silencio impuesto por el PSOE y la disparidad de opiniones que hay en el Ejecutivo, Matilde Fernández considera que ha llegado el momento de ponerse a trabajar sobre la nueva ley.

La ley de plazos se denomina así porque regula la interrupción del embarazo según las diferentes fases de la gestación. Generalmente marca un primer plazo, hasta las 12 o 14 semanas, en el que se puede interrumpir libremente la gestación. Tras este periodo -que coincide con el primer trimestre del embarazo- se restringe la realización de abortos a causas justificadas por motivos terapéuticos (salud de la madre), eugenésicos (malformación del feto) y éticos (embarazos causados por una violación). Es decir, según indicación de los facultativos autorizados para ello. La ley que está vigente en España -similar a la del Reino Unido- regula el aborto desde el primer momento de la gestación según ese tipo de indicaciones.Éstas presentan el problema de que se prestan a la interpretación tanto de los médicos como de los jueces. Así, mientras en el Reino Unido no ha suscitado ningún tipo de problema, en España hay 33 procesos pendientes, y las clínicas autorizadas para la práctica de abortos -como Ginemédica, en Valladolid; Dator, en Madrid; Acuario, en Valencia, y el ginecólogo Sáenz de Santamaría, en Málaga- se enfrentan a continuas denuncias de los movimientos pro vida.

Por ello, los sectores vinculados con los movimientos feministas consideran la ley de plazos como la más progresista. Algunos profesionales sanitarios señalan, en cambio, que ese tipo de normativa no resuelve totalmente el problema. "Francia e Italia tienen una ley de plazos y muchas mujeres de esos países siguen teniendo que irse a Londres", dice Javier Salmeán, jefe del servicio de ginecología del hospital Severo Ochoa de Leganés.

Esto se debe a que la amplitud con que se recoge el aborto en el primer trimestre se transforma en mayor dureza para admitir la interrupción del embarazo por indicación médica cuando se acaba ese primer plazo. "Generalmente los grupos de mayor riesgo social, como adolescentes y mujeres de bajo nivel de formación, se quedan fuera de la ley porque se enteran tarde de su embarazo y tardan más tiempo en decidir sobre la interrupción", señala Salmeán.

Actualmente, el 95% de los abortos legales que se realizan en España se practican en clínicas privadas y se acogen mayoritariamente al peligro para la salud psíquica de la madre. Una ley de plazos limitará probablemente este tipo de indicación a enfermedades psiquiátricas graves diagnosticadas antes del embarazo.