'Ley de punto final' para el fraude

EL NUEVO secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, ha estrenado su mandato con un importante acuerdo con los representantes de las haciendas forales por el que se permite el blanqueo de dinero negro por una doble vía. Por una parte, por el canje de pagarés del Tesoro y pagarés forales por unos bonos de deuda especial que tendrán una rentabilidad del 2% y permanecerán inmovilizados durante seis años. Los títulos de esta deuda especial serán nominativos, y cuando se amorticen, dentro de esos seis años, no estarán sujetos a tributación por su afloración. Por otra, mediante la presentació...

EL NUEVO secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, ha estrenado su mandato con un importante acuerdo con los representantes de las haciendas forales por el que se permite el blanqueo de dinero negro por una doble vía. Por una parte, por el canje de pagarés del Tesoro y pagarés forales por unos bonos de deuda especial que tendrán una rentabilidad del 2% y permanecerán inmovilizados durante seis años. Los títulos de esta deuda especial serán nominativos, y cuando se amorticen, dentro de esos seis años, no estarán sujetos a tributación por su afloración. Por otra, mediante la presentación de declaraciones complementarias, a las que se exime del pago de intereses de demora si se presentan antes del 31 de diciembre.El acuerdo es especialmente significativo porque pone fin a la larga situación de excepcionalidad que suponía la existencia de los pagarés de Tesoro, unos productos que con la bendición de Estado permitían la opacidad tributaria de los depósitos en ellos invertidos. Aunque su baja remuneración -actualmente en torno al 5%- ya suponía una tributación implícita y permitía una financiación barata del déficit público, su propia opacidad había estimulado, un uso irregular por muchas entidades, amenazando con contaminar todo el sistema financiero, como puso de relieve la existencia de las cuentas innominadas.La propia utilización de los pagarés del Tesoro como instrumentos de ocultación no deja de ser, cuando menos, una anomalía fuertemente discriminatoria. Por tanto, aunque sólo fuera desde la perspectiva de acabar con ese pecado original del sistema tributario, la medida ya sería digna de consideración. Un segundo aspecto no menos importante es que pone fin también a la emisión de pagarés por parte de las haciendas forales, que habían alcanzado un volumen superior a 1,2 billones de pesetas, y cuyo crecimiento amenazaba con distorsionar, también por este camino, todos los mecanismos de financiación pública: el volumen de emisión de esos pagarés dependía ya más de la demanda que recibían los bancos de los particulares que de las necesidades reales de esa financiación.

Sin embargo, el acuerdo tiene mayor alcance aún que el estricto de los pagarés de Tesoro. Las dos vías habilitadas permiten también el blanqueo de otras formas de dinero negro que pueden beneficiarse con esta regularización, ya sea acudiendo directamente a las declaraciones complementarias o mediante la compra previa de pagarés del Tesoro para su posterior canje por la deuda especial. Las ventajas para los posibles interesados no son extraordinarias, pero tampoco despreciables. La baja renta del 2% y el cautiverio de seis años impuesto al nuevo activo supone en algunos casos un trato algo mejor al que recibirían por la presentación de complementarias, con la ventaja adicional de la exoneración de intereses.

Es posible, con todo, que la oferta resulte poco atractiva para algunos defraudadores. La experiencia internacional no es concluyente, pues hay ejemplos de muy escasa afloración y de lo contrario. En todo caso, la condición de eficacia de medidas de esta naturaleza y a la vez la exigencia ética, sin la que resultaría inaceptable, es que quede absolutamente claro, con el compromiso explícito de todas las fuerzas políticas, que se trata de una ocasión irrepetible.

Los posibles interesados en beneficiarse de la regularización deben comprender que ésta es, por fin, la última oportunidad y que se ha acabado la situación de amnistía casi permanente existente, que permitía en cualquier momento declarar una deuda atrasada sin más recargo que los intereses. A partir del próximo 31 de diciembre, las declaraciones complementarias soportarán recargos del 50% al 100%. Pero una vez admitido el sacrificio de las concesiones admitidas (sacrificio que compete sobre todo a los contribuyentes que han declarado y pagado regularmente sus impuestos), el Gobierno debe volcarse para promocionar las ventajas de esta regularización. Tiene que conseguir la máxima afloración de dinero negro, utilizando para ello todos los dispositivos disponibles.

La otra condición de eficacia de la medida es el abandono de cualquier tibieza posterior en la represión de quienes persistan en el fraude. También hay que plantear la necesidad de ir definiendo adecuaciones del sistema tributario que incentiven el ahorro y reduzcan las diferencias respecto a la CE. Todo ello, sin olvidar la otra carga de todo sistema tributario, indispensable para la configuración de la conciencia fiscal: la eficacia de las decisiones de gasto. Eso supone que al sector público se le exige cómo gastador las mismas condiciones que a los agentes privados.