Universidades privadas

EL PASADO martes el ministro de Educación y Ciencia presentó al Consejo de Universidades, para su informe, el proyecto de decreto que regulará la creación de nuevas universidades tanto públicas como privadas. El proyecto, cuya redacción verosímilmente no diferirá demasiado de la del decreto en su versión definitiva, endurece notablemente las condiciones materiales y de personal necesarias para que puedan crearse nuevas universidades.Esa mayor exigencia no es más que una constatación, siquiera parcial, de que las condiciones que nuestro país requiere hoy para que una universidad pueda ser consi...

EL PASADO martes el ministro de Educación y Ciencia presentó al Consejo de Universidades, para su informe, el proyecto de decreto que regulará la creación de nuevas universidades tanto públicas como privadas. El proyecto, cuya redacción verosímilmente no diferirá demasiado de la del decreto en su versión definitiva, endurece notablemente las condiciones materiales y de personal necesarias para que puedan crearse nuevas universidades.Esa mayor exigencia no es más que una constatación, siquiera parcial, de que las condiciones que nuestro país requiere hoy para que una universidad pueda ser considerada como tal con una cierta dignidad son muy superiores a las que hubiera requerido hace pocos años. Y eso se refiere a las condiciones de vida, de estudio, y al nivel académico de las actividades de docencia e investigación que le son propias.

Nadie debiera escandalizarse de que se intente garantizar que las nuevas universidades lo sean de verdad y no simplemente instituciones de enseñanza de las carreras de moda en cada momento. En ese sentido, la insistencia en asegurar las condiciones para que pueda desarrollarse una actividad investigadora, es decir, de creación de conocimiento junto con su pura transmisión, es bastante lógica. Pero el Gobierno debería empezar por aplicarse el cuento a sí mismo para que no pueda ser acusado de que esas garantías son un simple obstáculo para dificultar la creación de universidades privadas, y evitar así una competencia que podría ser desastrosa para su propio sistema universitario público.

En efecto, algunos de los requisitos establecidos no se cumplen en las universidades públicas ya existentes. Un elemental sentido de la coherencia aconsejaría emprender, con la mayor urgencia, la tarea de conseguir que las universidades que tenemos cumplan las condiciones que se imponen a las que vamos a tener. Pero quizá el punto que ha suscitado mayor discusión ha sido la prohibición de que los profesores numerarios (funcionarios) de las universidades públicas ejerzan, al mismo tiempo, como profesores en universidades privadas.

Parece razonable esperar que los nuevos centros privados tengan la suficiente solidez como para contar con su propio profesorado sin tener que recurrir a prácticas que han sido calificadas de parasitismo hacia la Universidad pública. Ni el cuerpo de profesores universitarios en España es tan boyante como para que pueda atender a nuevas demandas de enseñanza superior si atendía ya malamente a las existentes ni parece correcto que se afronte la creación de instituciones privadas sobre la base del pluriempleo de los profesores de las públicas, como ha sido práctica generalizada en el pasado. En todo caso, las universidades privadas gozan de merecido prestigio en el mundo por la calidad de sus profesores, que lo son en plenitud de derechos y obligaciones.