Hacienda considera que las autonomías son responsables de la dureza presupuestaria

El carácter restrictivo de los presupuestos obedece, en parte, al intento de la Administración central de compensar la política expansiva que están llevando a cabo las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, según aseguró ayer el secretario general de Planificación y Presupuestos, Antonio Zabalza.La aportación de las administraciones territoriales al déficit público global será, según las estimaciones más optimistas del Ministerio de Economía y Hacienda, de un 1% del PIB tanto este año como el próximo.

Uno de los objetivos de política autonómica es intentar llegar a un acuerdo para q...

El carácter restrictivo de los presupuestos obedece, en parte, al intento de la Administración central de compensar la política expansiva que están llevando a cabo las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, según aseguró ayer el secretario general de Planificación y Presupuestos, Antonio Zabalza.La aportación de las administraciones territoriales al déficit público global será, según las estimaciones más optimistas del Ministerio de Economía y Hacienda, de un 1% del PIB tanto este año como el próximo.

Uno de los objetivos de política autonómica es intentar llegar a un acuerdo para que, voluntariamente, las administraciones territoriales acepten una política presupuestaria menos expansiva. Esta idea volverá a ponerse sobre la mesa del consejo de política fiscal y financiera el próximo 6 de noviembre. El primer problema es que la única cláusula limitativa que tienen las autonomías, que su carga financiera sea inferior al 25% del presupuesto de ese año, no es operativa por la corta historia de las autonomías. Para imponer otra vía coactiva habría que modificar la LOFCA, para lo que sería necesario contar con el consenso de dos tercios de la Cámara.

La segunda vía de solución viene del lado de los ingresos. La negociación para alcanzar un acuerdo de corresponsabilidad fiscal comenzará, según Zabalza, a principios de 1991 con el objetivo de transferir una parte de la recaudación del IRPF a las autonomías. La propuesta consiste en una reducción de la presión fiscal del IRPF que carga el Estado en una determinado porcentaje, por negociar. El primer escollo con el que teme encontarse Hacienda es con la petición del traslado también de la gestión.