Fronteras interiores
La decisión de la comisión veterinarla de la CE de declarar a Cataluña zona libre de peste equina vuelve a poner sobre el tapete la conflictiva cuestión del establecimiento de fronteras sanitarias interiores, cuya implantación había distanciado hasta ahora a la Generafitat y al Gobierno central.El director general de Industrias Agro alimentar¡ as de la Adminstración autonómica, Jordi Peix, manifestó ayer la satisfacción del Gobierno catalán por la decisión comunitaria y afirmó que este acuerdo obligará a implantar fronteras interiores, tal como ha se reclamado insistentemente desde Cataluña....
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La decisión de la comisión veterinarla de la CE de declarar a Cataluña zona libre de peste equina vuelve a poner sobre el tapete la conflictiva cuestión del establecimiento de fronteras sanitarias interiores, cuya implantación había distanciado hasta ahora a la Generafitat y al Gobierno central.El director general de Industrias Agro alimentar¡ as de la Adminstración autonómica, Jordi Peix, manifestó ayer la satisfacción del Gobierno catalán por la decisión comunitaria y afirmó que este acuerdo obligará a implantar fronteras interiores, tal como ha se reclamado insistentemente desde Cataluña.
La Generalitat ya dictó en febrero de 1989 una orden por la que declaraba a Cataluña zona libre de peste equina e imponía severas restricciones para la entrada de caballos procedentes del resto de España. Dicha orden, actualmente en vigor, provocó la presentación de un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central.
Suspensión cautelar
El Constitucional, que aún debe pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, decidió en septiembre de 1989 levantar la suspensión cautelar que pesaba sobre la mencionada orden, atendiendo especialmente al riesgo que la peste suponía para la celebración de las pruebas hípicas de los .Juegos Olímpicos de Barcelona.
El Gobierno catalán estableció paralelamente un estrecho control sobre el transporte de équidos, limitando su entrada y movilizando a la policía autonómica. Estas medidas dejaron de aplicarse el pasado mes de enero.
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