Las cuentas ocultas

EL PRESUNTO nuevo fraude fiscal desarrollado a través de cuentas bancarias secretas o innominadas -llamadas así por ocultar la identidad de sus titulares- incrementa en cerca de 200.000 millones, según las apreciaciones de Hacienda, los fondos monetarios al margen del sistema. Conforman la bolsa que busca en el secreto y la ocultación la evasión de los controles de las autoridades fiscales, o del Banco de España, o de la policía y la justicia, es decir, representantes de una sociedad y un sistema democráticos.Los bajos intereses pagados en estas cuentas -que oscilan entre el 0% y el 3% (ver EL...

EL PRESUNTO nuevo fraude fiscal desarrollado a través de cuentas bancarias secretas o innominadas -llamadas así por ocultar la identidad de sus titulares- incrementa en cerca de 200.000 millones, según las apreciaciones de Hacienda, los fondos monetarios al margen del sistema. Conforman la bolsa que busca en el secreto y la ocultación la evasión de los controles de las autoridades fiscales, o del Banco de España, o de la policía y la justicia, es decir, representantes de una sociedad y un sistema democráticos.Los bajos intereses pagados en estas cuentas -que oscilan entre el 0% y el 3% (ver EL PMS de ayer, sábado)- permiten deducir que el origen de estos fondos ha de ser en muchos casos necesariamente irregular. No se explica de otra forma una inversión con unas tasas de rentabilidad simbólicas en un país en el que los tipos de interés superan el 15%, las llamadas supercuentas bancarias rinden entre el 13% y el 14%, los pagarés del Tesoro -con una opacidad admitida por el Estado- el 5,5%, mientras que la inflación está en el 6,5%. Lo peculiar de estos depósitos, y probablemente lo que justificaría su existencia, es que busquen con más interés la propia ocultación que la defraudación fiscal de sus rendimientos. De ahí que acepten la mínima rentabilidad, por debajo del índice de inflación.

¿Qué o quiénes pueden pretender el anonimato?; sólo el dinero que procede de actividades delictivas o moralmente denunciables: contrabando, narcotráfico y demás operaciones ¡legales o especulativas en grado sumo. Piénsese que el movimiento del tráfico de drogas genera, según algunos expertos, en torno a los 500.000 millones de pesetas al año.

Tras la exposición de los hechos y su aproximadacuantificación cabe preguntarse por las causas que los motivaron y el talante con que se aplicó. La amplitud que parece haber adquirido el fenómeno de las supercuentas, que afectaría a un buen número de entidades bancarias, podría explicar -aunque sea parcialmente- la acuciante necesidad de captar clientes y recursos. El estilo con que se llevó a cabo sorprende, sobre todo, por la frialdad de las circulares internas de las entidades financieras, o más correctamente de algunas de ellas, explicando cómo simular el número del documento nacional de identidad en la contabilidad bancaria para cubrir la apariencia de normalidad ante eventuales inspecciones.

Cabe destacar en el contexto de esta historia -que supera con creces el calificativo de picarescala reacción del presidente de la patronal bancaria (AEB), José Luis Leal, quien adoptó una posición constructiva al ofrecer su colaboración institucional a las autoridades para detectar el alcance de estas prácticas, a la vez que ofrecía su ayuda para evitar que ningún capital escape de la tributación fiscal. Por el contrario, en el ámbito de las responsabilidades de quienes deben velar por el cumplimiento de las leyes, resulta de difícil comprensión el que una masa de dinero de tales características haya podido pasar desapercibida para las autoridades monetarias y económicas. Sorprende también el silencio que mantienen hasta el momento sobre un hecho de singular importancia.

Por último, hay que señalar que el presunto nuevo fraude fiscal se apoya en la adquisición de pagarés de¡ Tesoro, cuya opacidad fiscal está permitida por el Estado. Mientras este sistema se mantenga, siempre se podrán formular nuevos trucos y combinaciones financieras para eludir la legislación tributaria. Es tiempo, pues, de demandar las explicaciones no facilitadas y de exigir las actuaciones correspondientes sobre los responsables de estas situaciones, por acción u omisión. De lo contrario, los hechos acabarán por imponer el nuevo concepto de las dos Españas: la que paga y cumple con las leyes y la que oculta o defrauda.