Argentina emprende la segunda fase del programa de privatizaciones

El presidente Carlos Menem firmó el miércoles por la tarde el decreto que pone en marcha la "segunda etapa" del plan de reforma del Estado argentino. El Ministerio de Obras y Servicios Públicos fue autorizado a vender o entregar en concesión, dentro de un plazo de entre 90 y 180 días, las empresas encargadas de los servicios eléctricos, de agua potable, gas, correo, los principales puertos marítimos, las rutas y los más importantes tramos del ferrocarril, el metro de Buenos Aires, los silos de la Junta Nacional de Granos, los yacimientos de petróleo y carbón, los barcos de carga y hasta l...

El presidente Carlos Menem firmó el miércoles por la tarde el decreto que pone en marcha la "segunda etapa" del plan de reforma del Estado argentino. El Ministerio de Obras y Servicios Públicos fue autorizado a vender o entregar en concesión, dentro de un plazo de entre 90 y 180 días, las empresas encargadas de los servicios eléctricos, de agua potable, gas, correo, los principales puertos marítimos, las rutas y los más importantes tramos del ferrocarril, el metro de Buenos Aires, los silos de la Junta Nacional de Granos, los yacimientos de petróleo y carbón, los barcos de carga y hasta la impresión del papel moneda. En una palabra: todo.Ayer por la tarde, cerca ya de la media noche en España, el Gobierno argentino se disponía a firmar el contrato de traspaso de la Empresa Nacional de Teléfonos (Entel), considerada la "operación líder" de todo el plan. La Entel fue dividida en dos zonas y hasta la hora prevista para el acto oficial aún no se sabía a quién sería adjudicada finalmente la zona Norte. El Manufacturers Hannover, socio financiero de la Bell Atlantic, de Estados Unidos, no había podido reunir los 2.101 millones de dólares en bonos de la deuda externa.

Telefónica Española, que ganó el concurso por la zona Sur, ofreció al Gobierno administrar toda la compañía hasta que el consorcio reemplazante de la Bell, liderado por la Stet -Telefónica Italiana-, la France-Telecom y la banca Morgan, estuvieran en condiciones de ocupar su lugar en la zona Norte.

Tras las resistencias de ministros y funcionarios de todo rango y nivel, y después de una huelga salvaje de los empleados telefónicos que acabó con 263 despedidos y las demandas ante la justicia presentada por legisladores de su propio partido y de la oposición, el presidente Menem decidió finalmente el reemplazo de la Bell por la Stet y France-Telecom. La resolución supuso la derrota de la interventora de Entel, Maria Julia Alsogaray, quien prefería prorrogar los plazos para que la Bell pudiera así cumplir sus compromisos.