Crimen sin castigo en El Salvador

Nada se habría avanzado sin la presión norteamericana en la investigación de la matanza de seis jesuitas (cinco de ellos españoles) y dos empleadas de la Universidad Centroamerícana José Simeón Cañas, de San Salvador (UCA), perpetrada el pasado 16 de noviembre, en plena ofensiva de la guerrilla izquierdista. Las amenazas del Congreso estadounidense llevaron al procesamiento de nueve mi itares salvadoreños. Pese a todo, y tras la denunciada desaparición de pruebas claves, nadie cree que los auténticos responsables sean encarcelados.

La matanza tuvo en Estados Unidos una repercusión más h...

Nada se habría avanzado sin la presión norteamericana en la investigación de la matanza de seis jesuitas (cinco de ellos españoles) y dos empleadas de la Universidad Centroamerícana José Simeón Cañas, de San Salvador (UCA), perpetrada el pasado 16 de noviembre, en plena ofensiva de la guerrilla izquierdista. Las amenazas del Congreso estadounidense llevaron al procesamiento de nueve mi itares salvadoreños. Pese a todo, y tras la denunciada desaparición de pruebas claves, nadie cree que los auténticos responsables sean encarcelados.

La matanza tuvo en Estados Unidos una repercusión más honda aún que en España, y sus legisladores amenazaron con reducir la ayuda militar a El Salvador si no se hacía luz en el caso. Después, un coronel, dos tenientes, un subteniente, dos subsargentos, un cabo y dos soldados, fueron sentados en el banquillo de los acusados. De hecho, los jesuitas que trabajan en El Salvador tienen todo un memorial de agravios contra lo que consideran como "actitud pasiva" del Gobierno de Felipe González. Francisco Estrada, el religioso que sustituyó al vasco Ignacio Ellacuría como rector de la UCA, la califica de lamentable".En su opinión, la actuación de la embajada fue más que discutible en cuanto a la acogida a la única testigo del asesinato, la empleada salvadoreña Lucía Barrera de Serna, y en cuanto a la posterior petición de refugio de un jesuita cuya vida estaba en peligro y que, afirma, se avergonzó de ser español. "La obsesión del embajador", añade, "era evacuar a los españoles que lo desearan, e incluso me manifestó su preocupación por las críticas recibidas de algunos miembros de la colonia por defender a unos curas rojos dejando mal a España".

Tanto el ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, como otros miembros de la delegación que le acompañó, a finales de abril, al relevo presidencial en Nicaragua, rechazan enérgicamente estas acusaciones. Y recuerdan las diferentes misiones enviadas al país centroamericano para exigir que se llegara al fondo en la investigación y castigo de los culpables, así como la colaboración de policías españoles en la investigación, junto a agentes de Scotland Yard y de EE UU. Sólo estos últimos siguen en El Salvador.

El ministro se entrevistó en Managua con el presidente salvadoreño, Alfredo Cristiani, y le hizo ver que la solución satisfactoria del caso es considerada por España como una prueba de la credibilidad democrática de su Gobierno. La polémica está servida, y se centra en si España debe o no presionar, tal vez a través de la Comunidad Europea, con instrumentos más efectivos que las simples protestas diplomáticas. Estados Unidos lo ha hecho al condicionar su ayuda militar, al respeto de los derechos humanos y a la solución del caso.

Complicidad castrense

Sin embargo, los duros del Ejército salvadoreño se preparan para resistir todas las presiones, y no están dispuestos a que ninguno de sus máximos jefes termine en la cárcel. La opinión más generalizada es que antes darían un golpe de Estado.La Administración de George Bush tira y afloja, y es la oposición la que está llegando más lejos. Un grupo de congresistas demócratas, dirigido por John Joseph Moakley, hizo público hace unos días un informe, resultado de cuatro meses de investigación, en el que asegura que el caso está bloqueado y que ni siquiera el coronel Guillermo Benavides, el único alto responsable militar procesado, es probable que llegue a ser enjuiciado. Las pruebas desaparecidas eran fundamentales en la acusación contra él. Los republicanos sacaron su propio texto, en el que sostienen que el Gobierno efectúa la investigación "de forma competente y eficiente" y que no se han encontrado pruebas de la existencia de otras responsabilidades más allá de las que inculparon a los detenidos.

El informe Moakley, el único al que se da crédito, estima que los escasos avances se han debido a la presión estadounidense y que da la impresión de que las fuerzas armadas, como institución, jugaron un papel en la matanza, lo que le lleva a pedir que se introduzcan reformas en el ejército y que se aísle el juicio de las presiones militares. Se señala que el crimen se cometió tras regresar el coronel Benavides, director de la Escuela Militar, de una reunión con el alto mando.

Un grupo clandestino de oficiales jóvenes y un coronel retirado, Sigfredo Ochoa, insisten en que Benavides no actuó solo, sino "atendiendo órdenes superiores". Ochoa hizo montar en cólera a sus antiguos compañeros de armas cuando apareció en un programa monográfico de la CBS y declaró a esta cadena de televisión estadounidense: "Creo que todo fue planeado con anticipación con ayuda de otros coroneles". Según este militar un grupo de altos oficiales se reunió en el Estado Mayor para planear la eliminación física de la izquierda, y a los jesuitas se les acusó en días anteriores de colaboración con la guerrilla. La ofensiva de noviembre pasado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la más fuerte de los 10 años de guerra, que dejó un saldo de más de 1.000 muertos, facilitó el caldo de cultivo.

Sin interés oficial

Una misión de religiosos, políticos y dirigentes de organismos humanitarios europeos, que trabajó durante el mes de abril en El Salvador, llegó a la conclusión de que "no hay ningún interés global del Gobierno para investigar el crimen" y que las presiones internacionales sólo han logrado que el caso se desarrolle de manera muy tibia". La reciente historia justifica el pesimismo. Ningún responsable de asesinatos políticos ha terminado entre rejas. Ahí siguen impunes las muertes del arzobispo Romero y de cuatro monjas norteamericanas en 1980. La matanza de los jesuitas probablemente no sea una excepción.