A la búsqueda de un paraguas político
El Gobierno ha propuesto a las fuerzas sociales y políticas un acuerdo para modernizar la economía española con vistas al tan manido reto de 1992. Desde algunos sectores se interpreta que con ello el Ejecutivo persigue cobijarse bajo un paraguas político ante el ajuste -por ahora, sin calificativos- que se vislumbra en la economía española.El argumento es que, tras la pérdida de votos y la mayoría absoluta raspada, más el desgaste sufrido por el caso Guerra y el incipiente ascenso de la derecha, el equipo que encabeza Felipe González no puede afrontar en solitario el coste de una...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
El Gobierno ha propuesto a las fuerzas sociales y políticas un acuerdo para modernizar la economía española con vistas al tan manido reto de 1992. Desde algunos sectores se interpreta que con ello el Ejecutivo persigue cobijarse bajo un paraguas político ante el ajuste -por ahora, sin calificativos- que se vislumbra en la economía española.El argumento es que, tras la pérdida de votos y la mayoría absoluta raspada, más el desgaste sufrido por el caso Guerra y el incipiente ascenso de la derecha, el equipo que encabeza Felipe González no puede afrontar en solitario el coste de una política que implicará sacrificios.
La lectura blanda es que las transformaciones que necesita la economía española precisan del apoyo de toda la sociedad mediante un clima político de entendimiento, porque se avecinan dos o tres años de esfuerzo, aunque el futuro es luminoso.
La avanzadilla de lo que se quiere hacer está en la reforma fiscal, pieza clave que incide en el saneamiento del presupuesto y en la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. Una reforma para la que se ha hecho un llamamiento general a la aportación de ideas.
Como -transfondo, se ha abierto una polémica sobre la regularización del dinero negro. El secretario de Estado de Hacienda, José Borrell, ha acusado a quienes lo proponen de no jugar limpio, porque representan a quienes defraudan.
Sin embargo, desde algunos sectores se apunta que una verdadera reforma fiscal pasa por que todos los obligados tributen, y para ello hay que partir de una situación viciada. Con el nivel de fraude fiscal -12 billones de pesetas de dinero negro-, ninguna reforma resultará equilibrada.
Que el pago de impuestos sea una obligación generalmente asumida permitiría volcar un mayor esfuerzo presupuestario en inversiones públicas para reducir las deficiencias en infraestructuras y formación profesional, porque el dinero no sale de la nada.