Políticos y altos cargos vascos optan a plaza como funcionarios por concurso restringido

Las universidad de Deusto acogió ayer a más de un millar de empleados públicos que aspiran a lograr, en concurso de méritos restringido, una plaza de funcionario en la Administración vasca. Entre los concursantes estaban Emilio Olabarría, diputado del Partido Nacionalista Vasco (PNV); Inaxio Oliveri, secretario general de Eusko Alkartasuna (EA), y José María Aguirre, de Euskadiko Ezkerra (EE), titular de Economía de la Diputación de Guipúzcoa.

No fueron estos tres los únicos dirigentes políticos y altos cargos del Gobierno vasco que ocuparon los pupitres de los jesuitas para someterse a...

Las universidad de Deusto acogió ayer a más de un millar de empleados públicos que aspiran a lograr, en concurso de méritos restringido, una plaza de funcionario en la Administración vasca. Entre los concursantes estaban Emilio Olabarría, diputado del Partido Nacionalista Vasco (PNV); Inaxio Oliveri, secretario general de Eusko Alkartasuna (EA), y José María Aguirre, de Euskadiko Ezkerra (EE), titular de Economía de la Diputación de Guipúzcoa.

No fueron estos tres los únicos dirigentes políticos y altos cargos del Gobierno vasco que ocuparon los pupitres de los jesuitas para someterse a los ejercicios selectivos, consistentes en una prueba de aptitud en euskera, un test psicotécnico amplio y otro de conocimientos relacionados con las materias propias de cada puesto. Confundidos con la multitud, aparecían inscritos en las listas los viceconsejeros Pelo Caballero, de Interior; Juan Luis Martínez Ordorika, de Trabajo, y José Luis Larrea, de Hacienda. Los tres pertenecen al sector peneuvista del ejecutivo autónomo.También habían solicitado someterse al dictamen de los tribunales desde Ángel Albinarrate, ex director de la academia de la Ertzaintza (policía autónoma), hasta José Joaquín Portuondo, director de Juego del Gobierno vasco, pasando por José Juan González Txabarri, ex director del HABE (organismo de enseñanza del euskera para adultos), y Angel Calvo del Río, parlamentario autonómico. Todos pertenecen al PNV, salvo el último, de la ejecutiva guipuzcoana de EA.

La prueba selectiva fue convocada por el Gobierno de Vitoria al amparo de la Ley de la Función Pública Vasca, aprobada en el Parlamento autonómico en 1989, con la única reserva de los dos diputados del PP. Todos los admitidos al concurso de méritos se incorporaron a la Administración vasca antes de 1984, con contratos de colaboración transitoria y tras superar pruebas de selección. La falta de normativa propia impidió entonces dar cobertura legal a su ingreso en la función pública.

Protección policial

La convocatoria del concurso fue recurrida por un grupo de funcionarios, transferidos de la Administración central. Los recurrentes creen discriminatorio que a los contratados de colaboración transitoria se les permita ingresar en la carrera, a mediante un concurso de méritos cerrado, mientras para interinos y transferidos se ha convocado un concurso abierto a todos los ciudadanos, aunque se tengan en cuenta los servicios prestados.Los aspirantes que acumulen en el concurso restringido méritos equivalentes a 14 puntos, sobre los 27,5 posibles, ganarán automáticamente la plaza, mientras por otras vías sólo lograrán entrar los mejores, en competencia con numerosos opositores. El Tribunal Superior de Justicia vasco ha rechazado, no obstante, la suspensión cautelar de la convocatoria, solicitada por los recurrentes.

Las pruebas se celebraron con protección de ertzainas de paisano, para impedir a fotógrafos e informadores el acceso a las aulas. Funcionarios interinos se manifestaron por los claustros de Deusto para protestar por el procedimiento. Muchos de los políticos trataron de pasar inadvertidos y algunos se negaron a comentar esta vía de acceso al funcionariado. José María Aguirre, diputado foral de Guipúzcoa, señaló, en cambio, que concurría a la prueba sin ningún complejo porque se trata de regularizar situaciones imposibles de resolver con anterioridad.

Para enrarecer más el ambiente, un rumor, desmentido por la Consejería de Presidencia, apuntaba a la filtración previa de las pruebas psicotécnicas en beneficio de candidatos próximos al sector peneuvista del Gobierno vasco.