Varias residencias para ancianos son "negocios hoteleros", según Gil Robles

El Defensor del Pueblo insistió ayer en el Senado en la falta de normativa sobre residencias privadas, "sobre todo en aquellas que son un negocio casi hotelero", apostilló. Según este departamento, sólo Aragón y Cataluña tienen reglamentación completa sobre centros privados, mientras otras 10 comunidades carecen totalmente de ella.

Álvaro Gil Robles denunció ayer que más de 24.000 ancianos esperan una plaza en residencias públicas y el desconocimiento del censo total de estos centros por la falta de transparencia en las privadas. El Defensor del Pueblo acusó de "egoísta" a la sociedad "...

El Defensor del Pueblo insistió ayer en el Senado en la falta de normativa sobre residencias privadas, "sobre todo en aquellas que son un negocio casi hotelero", apostilló. Según este departamento, sólo Aragón y Cataluña tienen reglamentación completa sobre centros privados, mientras otras 10 comunidades carecen totalmente de ella.

Álvaro Gil Robles denunció ayer que más de 24.000 ancianos esperan una plaza en residencias públicas y el desconocimiento del censo total de estos centros por la falta de transparencia en las privadas. El Defensor del Pueblo acusó de "egoísta" a la sociedad "por querer aparcar a los ancianos en residencias".La oficina del Defensor del Pueblo ha trabajado durante un año y medio en la elaboración de un informe sobre residencias de la tercera edad, para lo cual se han inspeccionado 18 centros y 4.832 plazas públicas. En las privadas se les impidió el acceso por carecer de competencias, según explicó Gil Robles. El trabajo indica que sólo un 20% de las plazas existentes están en el sector público. Los últimos datos estadísticos revelan que España dispone de 107.000 plazas para mayores de 65 años, distribuídas en casi 1.400 residencias, lo que supone una oferta de 2,49 camas por cada cien ancianos. La Organización Mundial de la Salud recomienda que esta proporción sea de 5. El informe elaborado por la oficina del Defensor del Pueblo revela, además, la falta de suelo urbano para la construcción de nuevas residencias.

En relación con los centros públicos, señala que sus principales problemas se deben a la escasez de normas de seguridad y a las deficiencias existentes en la dotación de personal sanitario, especialmente en geriatría y rehabilitación se centran en la falta de transporte público y en la inadecuación de los accesos dentro del mismo edificio.

En opinión del Defensor del Pueblo, el alojamiento en los distintos centros públicos "es el adecuado", con excepciones como la registrada en Casa Amparo, de Zaragoza, "donde las habitaciones parecen boxes para caballos", denunció.

Para Gil Robles es, preocupante el escaso control sobre la administración de medicamentos a los ancianos, señalando el caso de Palma de Mallorca, donde los residentes acceden al almacen sin ningún tipo de control.