El Gobierno concedió 145 millones y ayudas fiscales a una empresa vinculada a Juan Guerra

El Consejo de Ministros, en su reunión de 1 de agosto de 1986, aprobó -sin debate- la concesión de ayudas económicas por valor de 145 millones de pesetas, así como diversas reducciones fiscales, al único proyecto planteado hasta el momento por Construcción Modular Andaluza, sociedad constituida cuatro meses antes con un capital social de sólo tres millones. Esa empresa fue fundada por tres personas, una de las cuales actuaba como testaferro de Juan Guerra González, según manifestaciones realizadas por el ahogado José Luis Arredondo, que representa a uno de los dueños legales de la compañía, Jo...

El Consejo de Ministros, en su reunión de 1 de agosto de 1986, aprobó -sin debate- la concesión de ayudas económicas por valor de 145 millones de pesetas, así como diversas reducciones fiscales, al único proyecto planteado hasta el momento por Construcción Modular Andaluza, sociedad constituida cuatro meses antes con un capital social de sólo tres millones. Esa empresa fue fundada por tres personas, una de las cuales actuaba como testaferro de Juan Guerra González, según manifestaciones realizadas por el ahogado José Luis Arredondo, que representa a uno de los dueños legales de la compañía, José Garrido.

Ese proyecto consistía en la construcción de un hotel, que no ha sido edificado todavía, y cuyos propietarios han vendido ya las acciones, a excepción de José Garrido. El proyecto contaba con un presupuesto estimado de 798 millones, del cual un 20% iba a ser cubierto con la subvención del Gobierno.El 9 de septiembre de 1986, la Secretaría de Estado de Economía -dirigida en aquellos momentos por Miguel Angel Fernández Ordóñez- notificó el acuerdo del Consejo de Ministros. Este periódico dispone del documento en el cual la Junta de Andalucía -que tramitó la petición de subvenciones- certifica todos esos extremos.

Construcción Modular Andaluza, S A, la sociedad promotora del proyecto, había sido constituida el 9 de abril de 1986. Tres personas figuraron públicamente al frente de la entidad. La primera era José Garrido López, quien es el actual presidente y consejero-delegado de Puerto Zahara, la empresa que promueve el proyecto urbanístico en Zahara de los Atunes, en Barbate (Cádiz), reactivado gracias a la mediación de Juan Guerra, hermano del vicepresidente del Gobierno.

El segundo socio era Francisco Javier López Martín, primo de José Garrido. Finalmente, figuraba como tercera accionista Dolores García Ramos -casada con López Martín-, persona que actuó como testaferro del hermano del vicepresidente del Gobierno, según afirmó el abogado de José Garrido.

En detalle, los beneficios concedidos por el Gobierno fueron los siguientes: una subvención de 145.450.000 pesetas, además de una reducción del 95% de la cuota de la licencia fiscal durante el período de desarrollo del proyecto; reducción del 95% de los arbitrios, o tasas de las corporaciones locales; y preferencia en la obtención de créditos oficiales.

Todo ello quedaba condicionado, no obstante, al cumplimiento del plan de inversiones previsto -estimado en 798 millones-, así como a la creación de un mínimo de 80 empleos fijos y 20 eventuales, además de someterse a la acción inspectora del proyecto de inversión hasta dos años después de concluido.

Hotel de cuatro estrellas

La aprobación de las ayudas y beneficios fiscales por parte del Consejo de Ministros a Construcción Modular se produjo después de que José Garrido consiguiera de Mercasevilla una concesión administrativa de uso privativo de dos solares que en total sumaban 8.700 metros cuadrados. Sobre dichos terremos se preveía la construcción de un hotel de cuatro estrellas, fijándose la concesión hasta el 25 de junio del año 2.021, a cambio del pago de un canon de 500 pesetas por metro cuadrado y año.

Mercasevilla es una empresa mixta participada por Mercasa y el Ayuntamiento hispalense, en la cual Adolfo Guerra González, hermano de Juan -y del vicepresidentedel Gobierno- tenía un puesto de responsabilidad.

La falta de recursos financieros para acometer el proyecto hotelero llevó a los socios de Construcción Modular Andaluza a plantearse la búsqueda de un grupo interesado en alquilar un hotel, en lugar de asumir la gestión directa del negocio.

A finales de 1987 se entró en contacto con el presidente de Desarrollo Turístico Hotelero, S A (DETURSA) y director general de Hoteles Plaza, Juan Aguilar Casals, con quien el 29 de febrero se estableció un protocolo de intenciones, en el que se fijaba, entre otras cosas, el arrendamiento del hotel que se iba a construir. El precio del arrendamiento consistía en una cantidad que se determinaría finalmente sobre los ingresos brutos del hotel, aunque se fijaba un mínimo garantizado de 226 millones al año, actualizable cada doce meses con el IPC.

La muerte del director de Hoteles Plaza dio al traste con los planes diseñados de arrendar la futura edificación. Y los socios de Construcción Modular Andaluza, a excepción de José Garrido, vendieron sus participaciones, con lo que de hecho iban a desprenderse de una sociedad cuyo principal activo era un derecho de superficie para la construcción de un establecimiento hotelero sobre los 8.700 metros cuadrados, que Mercasevilla había concedido hasta el año 2.015.