La Generalitat precinta parte de un geriátrico en Barcelona

La Generalitat ha precintado parcialmente las instalaciones de la residencia geriátrica La Masía, en una urbanización de la localidad barcelonesa de Vacarisses, tras comprobar que algunas habitaciones ocupadas por ancianos no disponían de ventilación directa, informó ayer TVE. Las instalaciones precintadas son un barracón adosado a la masía y un subterráneo. El cierre parcial de la residencia se produjo a mediados de este mes, y fue ordena do por el Juzgado número 1 de Terrassa (Barcelona).El geriátrico La Masía ya había sido objeto el pasado mes de noviembre de una inspección del Departam...

La Generalitat ha precintado parcialmente las instalaciones de la residencia geriátrica La Masía, en una urbanización de la localidad barcelonesa de Vacarisses, tras comprobar que algunas habitaciones ocupadas por ancianos no disponían de ventilación directa, informó ayer TVE. Las instalaciones precintadas son un barracón adosado a la masía y un subterráneo. El cierre parcial de la residencia se produjo a mediados de este mes, y fue ordena do por el Juzgado número 1 de Terrassa (Barcelona).El geriátrico La Masía ya había sido objeto el pasado mes de noviembre de una inspección del Departamento de Bienestar Social de la Generalitat. Los inspectores exigieron entonces una reducción del número de personas ingresadas en el centro, así como una mejora de las condiciones sanitarias,

Tras el precinto parcial de la residencia, una treintena de ancianos fueron trasladados a otros centros de la provincia de Barcelona. Otras 34 personas permanecen en La Masía. El geriátrico, propiedad del matrimonio formado por José López Sevilla y María Castelló, comenzó sus actividades sin licencia municipal, y ya el año pasado un informe de la Generalitat indicaba que sólo tenía capacidad para 18 personas, 20 más de las que entonces había ingresadas.

La ministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernández, afirmó ayer en Badalona que el informe del Defensor del Pueblo sobre las residencias geriátricas demuestra que el sector público ofrece mejor calidad que el privado en este terreno, informa Leandro Lamor. Fernández indicó que del informe se desprende la necesidad de controlar los geriátricos privados, especialmente en las comunidades autónomas que no disponen de una regulación jurídica propia al respecto.

La ministra cifró en 350.000 millones de pesetas las inversiones que el sector público y el privado deberían realizar en la próxima década para que España pudiese equipararse en dotación de plazas geriátricas a los países de la Comunidad Europea. Matilde Fernández calculó que el déficit actual en España es de 100.000 plazas.