"Oiga, ¿es ahí el dictador? Aquí, la CIA

"Oiga, ¿es ahí el dictador? Aquí, la CIA. Es para avisarle que mañana, a las tres, le van a dar un golpe de Estado que puede poner en peligro su vida. Se lo decimos por si quiere tomar las medidas oportunas". La parodia puede parecer de Gila. Pero éste sería un escenario real si la Casa Blanca interpretase al pie de la letra las normas operativas vigentes para autorizar la participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un golpe de Estado destinado a derrocar a un dictador extranjero.

Las normas en cuestión fueron definidas en julio de 1988, tras una laboriosa negociación e...

"Oiga, ¿es ahí el dictador? Aquí, la CIA. Es para avisarle que mañana, a las tres, le van a dar un golpe de Estado que puede poner en peligro su vida. Se lo decimos por si quiere tomar las medidas oportunas". La parodia puede parecer de Gila. Pero éste sería un escenario real si la Casa Blanca interpretase al pie de la letra las normas operativas vigentes para autorizar la participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un golpe de Estado destinado a derrocar a un dictador extranjero.

Las normas en cuestión fueron definidas en julio de 1988, tras una laboriosa negociación entre la administración Reagan y el Congreso de EE UU. Según estas normas, cuya existencia fue revelada el domingo por la noche por la cadena de televisión NBC, EE UU tiene la obligación de notificar a cualquier dictador extranjero la existencia de un posible golpe de Estado que pueda poner en peligro su vida. Las normas no aclaran si la notificación previa afecta a toda clase de intentonas golpistas o sólo a aquellas en las que los servicios de inteligencia de EE UU participen directamente.La existencia de la normativa legal -que no es sino una interpretación restrictiva de una orden ejecutiva de 1976, firmada por el presidente Gerald Ford, que prohibe la participación de la CIA o de cualquier agencia federal en asesinatos de líderes políticos extranjeros- fue esgrimida por el presidente George Bush en una reunión con siete senadores republicanos, el lunes 16, en un intento de explicar la indecisión de la Casa Blanca con motivo de la intentona golpista del 3 de octubre contra el general panameño Manuel Antonio Noriega.

Sin embargo, según funcionarios de la Casa Blanca, Bush admitió que, aunque esas normas no hubieran existido, su decisión de no prestar apoyo al golpe de Panamá hubiera sido la misma. La resolución de Bush de revelar la existencia de unas normas operativas, elaboradas durante la época de Ronald Reagan, ha sido interpretada en el Congreso como un intento de conseguir que los comités de inteligencia de las dos Cámaras dicten unas reglas más claras y flexibles en torno a la participación de los servicios secretos norteamericanos en la preparación o apoyo de golpes de Estado contra líderes políticos incómodos.

El martes 17, el director de la CIA, William Webster, pidió públicamente en una entrevista con The New York Times una flexibilización de la orden presidencial de 1976, que impide la participación de los servicios secretos en golpes de Estado violentos. EE UU, dijo Webster, no debe participar en asesinatos políticos selectivos. Pero si un déspota se hace con el poder en un país determinado y su actuación pone en peligro los intereses norteamericanos debe existir alguna forma de poder derrocarle, añadió.