México, Venezuela, Uruguay y Ecuador inician unas difíciles negociaciones para rebajar el coste de su deuda externa

La segunda etapa de las negociaciones para reducir la deuda exterior de los países, latinoamericanos dentro de la estrategia del Plan Brady comenzó ayer en Nueva York. Con este objetivo, ayer se concentraron en la ciudad norteamericana delegaciones de México, Venezuela, Uruguay y Ecuador. La etapa negociadora que se inicia este fin de semana se prolongará, según fuentes bancarias, durante más de un mes y ha sido calificada por el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, como "larga y difícil". México, el país que ha conseguido el mayor avance en la primera fase de aplicación del Plan...

La segunda etapa de las negociaciones para reducir la deuda exterior de los países, latinoamericanos dentro de la estrategia del Plan Brady comenzó ayer en Nueva York. Con este objetivo, ayer se concentraron en la ciudad norteamericana delegaciones de México, Venezuela, Uruguay y Ecuador. La etapa negociadora que se inicia este fin de semana se prolongará, según fuentes bancarias, durante más de un mes y ha sido calificada por el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, como "larga y difícil". México, el país que ha conseguido el mayor avance en la primera fase de aplicación del Plan Brady, tiene que negociar aún flecos respecto a los nuevos créditos y sus condiciones, así como las modalidades de utilización de las garantías de 7.000 millones de dólares procedentes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y, el banco japonés Exim Bank.

Venezuela, por su parte, intentará alcanzar una solución definitiva a los más de 30.000 millones de dólares que arrastra como deuda exterior y sobre los que lleva negociando más de ocho años. La comisión negociadora de Venezuela está presidida por su ministro de Planificación, Miguel Rodríguez, que ha sido uno de los artífices del severo plan de ajuste impuesto por Carlos Andrés Pérez, quien ha asegurado que la reducción de la deuda debe ser, al menos, de un 50%.

El propósito de Uruguay con vistas a esta ronda negociadora es alcanzar una rebaja en los 6.330 millones de dólares que mantiene como deuda exterior; de los que 4.239 corresponden al sector público y 1.880 al sector privado. Las autoridades uruguayas, además, no quieren contraer compromisos que afecten al próximo Gobierno, ya que este país celebrará elecciones el próximo mes de noviembre. La propuesta de reducción de deuda que lleva este país consiste en el canje de bonos a 30 años o más de deuda nueva por la deuda antigua, con lo que se permitiría una disminución del principal y un alargamiento del plazo de amortización.

Ecuador, por su parte, sólo llevará a la negociación 5.700 millones de dólares, que equivalen a la mitad de su deuda externa. Este importe incluye los 4.500 millones que corresponden al saldo de los bancos, junto con 1.200 millones de pesetas de intereses que Ecuador no pagó durante 1987 y 1988 debido a la caída de los precios del petróleo. El principal escollo de cara a las negociaciones con el país centroamericano será precisamente la demora en el pago de intereses.

Modelo negociador

El acuerdo de principio que alcanzó México con sus bancos acreedores durante el mes pasado será el punto de referencia en esta nueva ronda negociadora. Este acuerdo contempla un menú de tres opciones, con la posibilidad de reducir el principal de los 35.000 millones de deuda externa en un 35%, disminuir los intereses en un 6,25% o acudir a nuevos créditos. Tras la firma del acuerdo definitivo, que está previsto se realice en México, el subsecretario de Hacienda de esa nación realizará una gira por los países desarrollados para presentar el plan a sus bancos acreedores y conocer qué modalidad eligen para la disminución de la deuda.

Por otra parte, los líderes de los 13 grupos parlamentarios brasileños han firmado un documento en el que proponen la declaración de moratoria si el Gobierno no consigue una reducción, tanto del monto total de la deuda como de sus intereses.

El texto no determina los plazos para la suspensión unilateral de los pagos a los acreedores, pero señala que la reducción debería lograrse a la mayor brevedad. Este acuerdo entre los grupos políticos brasileños se produce a tres meses de la celebración de elecciones presidenciales en ese país.