La guerra de las islas

La profunda crisis política que vive Canarias tras el cese del Gobierno de centro derecha de Fernando Fernández Martín, del CDS, es el último episodio del eterno pleito insular entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria por la capitalidad del archipiélago, actualmente compartida. Esta rivalidad secular, que dificulta la gobernabilidad de las islas, se ha reavivado ahora ante dos polémicas iniciativas parlamentarias favorables a una universidad plena para Las Palmas, interpretadas en Tenerife como un expolio de la universidad de La Laguna.

Varias decenas de miles de manife...

La profunda crisis política que vive Canarias tras el cese del Gobierno de centro derecha de Fernando Fernández Martín, del CDS, es el último episodio del eterno pleito insular entre Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria por la capitalidad del archipiélago, actualmente compartida. Esta rivalidad secular, que dificulta la gobernabilidad de las islas, se ha reavivado ahora ante dos polémicas iniciativas parlamentarias favorables a una universidad plena para Las Palmas, interpretadas en Tenerife como un expolio de la universidad de La Laguna.

Varias decenas de miles de manifestantes salieron a la calle en ambas ciudades con intenciones contrapuestas. En este ambiente de crispación social, la autonomía se ve amenazada por el fantasma de la división provincial. El PSOE, la principal fuerza política de la comunidad, intenta salvar el escollo con una oferta de "paz institucional".Quienes proclaman el fracaso del Estatuto, seis años después de su implantación, desde dentro y fuera de los partidos, abogan por volver al espíritu del decreto de Primo de Rivera, que hace más de medio siglo escindió al archipiélago en dos provincias: Santa Cruz de Tenerife (Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro) y Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote).

En vísperas del debate final en el Parlamento de las dos iniciativas de ley para la universidad de Las Palmas ya se aprecian claros síntomas de dicho peligro de segregación y la idea de dos futuras autonomías parece complacer a sectores ciudadanos con gran protagonismo público. Entre tanto, las direcciones de las fuerzas políticas se apresuran a espantar de sus filas el virus divisionista reafirmando su vocación regional. La derrota parlamentaria de la cuestión de confianza de Fernández Martín, a la que se sometió voluntariamente el pasado miércoles, alimenta aún más tales desconfianzas. Los insularistas de las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), con fuerte arraigo en Tenerife, provocaron su caída al asumir de manera inflexible la defensa de la universidad de La Laguna.

Los jirones del pleito

Las voces que piden la doble autonomía se apoyan en la falta de acogida popular al Estatuto (aprobado por la vía del artículo 143 y reforzado con una ley especial de transferencias), que no fue refrendado. El Gobierno autónomo tia previsto en la reforma de la ley de Cabildos prohibir la posibilidad de que dichos entes se mancomunen en contra de la unidad del archipiélago, evitándose así el restablecimiento del modelo político del archipiélago anterior a la autonomía.

En realidad, los partidos sufren en carne propia los jirones del pleito insular. Manuel Hermoso, líder de las AIC (nacionalismo insularista), se vio obligado, en una reciente sesión parlamentaria sobre la cuestión universitaria, a asegurar que jamás respaldaría una tentativa divisionista a pesar de que en sus filas amplios sectores alientan dicha idea. A su federación política interinsular, que es contraria a dos universidades provinciales (Las Palmas y La Laguna) y tiene el control político de Tenerife, se le había atribuido la creación de un Comité Popular que en octubre recogió más de 120.000 firmas para la convocatoria de un referéndum a favor de dos autonomías. Esta organización ciudadana ha publicado en la Prensa esquelas por la "muerte de la universidad de La Laguna" y ha calificado como traidores a los políticos tinerfeños que apoyen a Las Palmas.

Esta pugna ha desatado un cisma en AP, uno de los partidos que formaba el pacto de gobierno de centro-derecha, junto al CDS, AIC y Agrupación Herreña Independiente (AHI). Tres diputados aliancistas de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria se han negado a suscribir el medio centenar de enmiendas presentado por los tres restantes miembros del Grupo Popular en la Cámara, todos ellos de la provincia tinerfeña, en contra de la creación de una universidad plena en Las Palmas, que absorbería los centros existentes en dichacapital, dependientes en la actualidad de la universidad de La Laguna (Tenerife).

En el CDS se produjo a comienzos de noviembre una dimisión sonada, la de su portavoz parlamentario, Juan Manuel Fernández del Torco, magistrado de profesión, que ha vuelto a la judicatura. "Me fui para no incurrir en indisciplina de partido", declaró. Fernández del Torco no comparte la postura de los centristas.

En medios políticos se interpretó, también, que la baja anterior como diputado regional del senador socialista por Tenerife Alberto de Armas se debía a razones similares, extremo desmentido por el ex presidente del Gobierno y secretario regional del PSOE, Jerónimo Saavedra, asegurando que se debió a la duplicidad de cargos.

Universidad en La Laguna

En Las Palmas, una de las dos capitales canarias, con algo más de 500.000 habitantes, unas 300.000 personas (según los organizadores de la manifestación) pidieron en la calle una universidad completa. Hace escasos días se celebró un acto multitudinario similar en Tenerife en defensa de la universidad de La Laguna. Las Palmas cuenta con una Politécnica y Tenerife, desde 1701, con la universidad de La Laguna (estudios humanísticos y científicos), las dos de ámbito regional. Este reparto de enseñanzas será modificado si prosperan las dos propuestas legislativas presentadas en el Parlamento por el Cabildo de Gran Canaria y una comisión promotora popular. El Estatuto canario contempla la posibilidad de discutir iniciativas de ley populares avaladas por 150.000 firmas. Las AIC se quedaron solas frente al resto de la Cámara al oponerse a dichos proyectos.

Fernández Martín había manifestado antes de su cese que la inestabilidad política insular, avivada por la amenaza divisionista, exigía cerrar filas en el pacto que le apoyaba o "regresar a la oposición".

Más drásticos son algunos diputados que reconocen que la tensión que domina la vida política insular invita, en ocasiones, a "marcharse a casa". No es sólo el pleito insular. Un escándalo inmobiliario, cuyas implicaciones políticas son investigadas por el Parlamento, y constantes litigios en la Cámara y en los tribunales, han alimentado un clima de desencanto en una convulsa legislatura.