España y Europa
Una parte de España, identificando a Europa con la cuna de toda idea nociva, ha estado pronta, cuando no a redimirla, a cerrar nuestras fronteras a su influjo pernicioso. La otra España, fascinada por Europa, exaltaba como buena cualquier teoría por el hecho de ser foránea y copiaba miméticamente toda costumbre que de Europa viniera. Los españoles en raras ocasiones mantuvimos el término medio. Frente a Europa o entregados a Europa, contra Europa o en busca neurótica de Europa, al margen de Europa o idolatrando a Europa. Muy pocas veces en Europa, dentro de Europa, parte de Europa. Este antago...
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Una parte de España, identificando a Europa con la cuna de toda idea nociva, ha estado pronta, cuando no a redimirla, a cerrar nuestras fronteras a su influjo pernicioso. La otra España, fascinada por Europa, exaltaba como buena cualquier teoría por el hecho de ser foránea y copiaba miméticamente toda costumbre que de Europa viniera. Los españoles en raras ocasiones mantuvimos el término medio. Frente a Europa o entregados a Europa, contra Europa o en busca neurótica de Europa, al margen de Europa o idolatrando a Europa. Muy pocas veces en Europa, dentro de Europa, parte de Europa. Este antagonismo esquizofrénico de nuestra historia hizo decir a Unamuno que tanto los que piden que cerremos, o poco menos, las fronteras y pongamos puertas al campo como los que piden, más o menos explícitamente, que nos conquisten se salen de la auténtica realidad de las cosas.Europa ha servido también de pretexto. La unidad religiosa europea se utilizó de coartada para el empobrecimiento de España y la esquilmación de América en interés de las locas ideas imperialistas de una dinastía. El aislamiento europeo a un régimen fascista fue la excusa para despertar el orgullo nacionalista y la xenofobia popular que afianzasen y apuntalasen al propio régimen. Hoy día todos estamos prestos a refrendar nuestras ideas con la comparación europea. El simple hecho de que tal o cual medida haya sido adoptada por algún país europeo parece ya un argumento incuestionable para su defensa.
En ese péndulo en que se ha movido la historia de España, hoy nos sentimos más próximos a esa admiración bobalicona que da por bueno, sin examen previo, todo aquello que provenga de alguna otra parte de nuestro continente. Después de muchos años de aislamiento, después de largo tiempo de sentirnos rechazados, de casi creernos que África comenzaba en los Pirineos, nuestra incorporación a la Comunidad Económica Europea (CE) nos ha llenado de orgullo. Nos hemos acercado a Europa agradecidos, sin estar seguros de merecerlo; acomplejados, hemos hecho el firme propósito de demostrar a nuestros vecinos que nadie nos gana a europeizantes.
Nuestro afán integrador ha alcanzado tal nivel que hasta se ha podido llegar a pensar y escribir que poca diferencia puede existir en que esté en el poder un Gobierno de izquierdas o de derechas. La política a aplicar tiene que ser prácticamente la misma: la europea. Para ser realistas y pragmáticos, para modernizarse, no sólo los Gobiernos, sino hasta los mismos partidos deberían revisar sus teorías y programas para aggiornarlas a las corrientes imperantes en Europa. ¿Qué grado de autonomía puede tener nuestra política económica? Ésta es sin duda una pregunta clave después de nuestra incorporación al Mercado Común.
Es cierto que nuestra economía, incluso con anterioridad a nuestra entrada en la CEE, presenta un grado elevado de dependencia del exterior que lógicamente se ve incrementada después de nuestro ingreso. No es menos cierto, sin embargo, que el margen de maniobra existente en la actualidad para hacer una política económica progresista es aún tremendamente amplio, quizá porque estamos aún muy alejados de las cotas europeas. Europa, durante las últimas décadas, ha conseguido unos niveles de bienestar social que han sido vedados a los españoles y que los últimos Gobiernos de derechas europeos no han podido deshacer. Son conquistas ya firmes de la clase trabajadora y cuya involución es prácticamente imposible.
Lejos de Europa
España está lejos de Europa en materia de salarios, de empleo, de servicios públicos, de protección social, de impuestos, de tamaño del sector público, de reparto de renta. El margen existente es aún importante. Acercarnos a Europa no consiste tanto en copiar las políticas económicas de los Gobiernos de derechas como en recorrer el camino que la mayoría de los países europeos anduvieron con anterioridad. La imitación indiscriminada de políticas que ignorasen el distinto punto de partida podrían no sólo no acercarnos a Europa, sino alejarnos de ella.La pertenencia a la Comunidad Económica Europea significa ciertamente una pérdida progresiva de soberanía nacional. En aras de una uniformidad necesaria, algunas decisiones en materia de política económica no se adoptarán dentro de nuestras fronteras, sino por los órganos comunitarios. En la actualidad es aún muy limitado este condicionamiento, tanto más en el caso de España, cuya plena integración no se realizará hasta finales del año 1992; pero es indudable que si la unidad económica avanza, serán importantes las áreas de decisión que se transferirán del ámbito nacional al comunitario. Este fenómeno no tiene por qué implicar, no obstante, la pérdida por parte de los partidos y sindicatos de su propio ideario, sino tan sólo la toma de conciencia de que el campo de juego, de presión y de decisión se ha trasladado en parte de Madrid a Bruselas. Lo contrario sería una vez más adoptar frente a Europa una postura pasiva y renunciar a cualquier protagonismo político.
Desde una ideología progresista, la unidad europea presenta una faceta preocupante: el hecho de que la integración política no se realice al mismo ritmo que la económica. La libertad de empresa, el capitalismo condenaron en el siglo pasado a grandes capas de población a la más estricta miseria. "Libertad para morirse de hambre". La asunción por el Estado de determinadas competencias y el abandono del laissez-Jaire, laissez-passer generó en gran medida en el mundo occidental la salida de esa situación de explotación. El poder político presionado por los movimientos sociales ha sido frecuentemente el contrapeso del poder económico y el único obstáculo a la consolidación del darwinismo social.
Una integración económica descompasada de la integración política podría ser el germen de la involución del proceso; sin un poder político comunitario, las grandes empresas volverían a instalar en Europa el liberalismo más ortodoxo y salvaje. Los Estados nacionales se verían impotentes frente a las grandes compañías multinacionales para defender los derechos de los asalariados y consumidores, y el capital podría lograr toda clase de privilegios con la utilización pura y simple del chantaje económico: situarse allí donde las condiciones sean más favorables.
La libre circulación de capitales, por 5jemplo, que contempla el Acta Única no puede ir desligada de la uniformidad en materia fiscal, no tan sólo ya en su normativa, sino también en el grado de exigencia en el cumplimiento de la misma.
Incorporación al SME
El liberalismo económico, sin correctivos, no solamente castiga a las capas más pobres de población, sino a los países más débiles frente a las grandes potencias. Este hecho histórico debía ser considerado por aquellos que demandan una incorporación inmediata de España al Sistema Monetario Europeo (SME). Quiérase o no, la situación económica de nuestro país, con una tasa de paro del 20%, es muy distinta a la de Alemania, con un 6%, y nuestra función de preferencias económico-sociales, y no tiene por qué ser idéntica a la de aquélla. España, si no quiere condenar definitivamente a amplias capas de población al paro y a la miseria, tiene que fijarse para los próximos años objetivos de crecimiento económico y, por tanto, de su demanda interna superiores a los que un país como Alemania está dispuesto a asumir, al menos en los momentos presentes. El liderazgo alemán, con su profunda aversión a la inflación, ha arrastrado a los otros países europeos a cotas de crecimiento quizá inferiores a las qu se hubiesen podido alcanzar e los actuales momentos de recu peración económica si no se hu biese establecido el objetivo alemán de inflación cero, contentándose con las reducidas tasas de inflación ya alcanzadas. Es por ello por lo que países como Francia e Italia, con índices de paro relativamente altos -10% y 12%, respectivamente-, han denunciado la asimetría del sistema y que la pertenencia al SME haya garantizado a la RFA y a Holanda la mejora de sus posiciones competitivas a expensas de los países más inflacionistas.En este contexto del SME, la precipitación en el ingreso de España carece totalmente de fundamento, tanto más cuanto que nuestro tipo de cambio real está expuesto en los próximos años a los shocks provenientes de los desarmes arancelarios y demás modificaciones económicas que se derivan de cumplir los plazos transitorios de la adhesión. El sistema de tipo de cambios fijos, si bien puede ser eficaz para acomodar los shocks monetarios, se encuentra impotente para neutralizar las perturbaciones de los shocks reales. Fijar en la actualidad un tipo de cambio nominal sin conocer cuál puede ser el cambio real de equilibrio a medio plazo es sumamente arriesgado. No puede olvidarse que un sistema de tipo de cambios fijos no garantiza la ausencia de inflación cuando el tipo cambio nominal fijado es irreal, como demuestra la reciente experiencia liberalizadora aplicada en el Cono Sur americano. Ciertamente, las condiciones económicas de España no son las de Argentina, Chile o Uruguay, pero es una realidad que conviene tener en cuenta.
Por último, la incorporación de España al SME sin haber alcanzado la plena liberalización en cuanto a movilidad laboral es cuando menos un contrasentido, asumiéndose un riesgo más que probable de aumentar los actuales niveles de desempleo.
La defensa de la incorporación inmediata sólo puede estar basada en una desconfianza radical de la futura política económica española, intentando dejar atada y bien atada una orientación de la misma y la pretensión de disciplinar a los agentes económicos que se traduce en la práctica por la imposición a los sindicatos de la moderación salarial.
es economista.