Pena de 23 años de prisión para un invidente por asesinato
La Audiencia Provincial de Tarragona ha condenado al invidente José García Martínez, de 42 años de edad, a una pena de 23 años de prisión por cometer el asesinato de Diego Miranda Prior, a quien, en estado de embriaguez, le asestó siete puñaladas en un bar de la localidad de Reus (Tarragona).
La sentencia de la Audiencia, que se hizo pública ayer obliga también a García Martínez a indemnizar con 14 millones de pesetas a la familia del fallecido, compuesta por su viuda, Victoria Rodríguez, y sus tres hijos.
El dictamen ha reconocido la atenuante de enajenación mental del invid...
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La Audiencia Provincial de Tarragona ha condenado al invidente José García Martínez, de 42 años de edad, a una pena de 23 años de prisión por cometer el asesinato de Diego Miranda Prior, a quien, en estado de embriaguez, le asestó siete puñaladas en un bar de la localidad de Reus (Tarragona).
La sentencia de la Audiencia, que se hizo pública ayer obliga también a García Martínez a indemnizar con 14 millones de pesetas a la familia del fallecido, compuesta por su viuda, Victoria Rodríguez, y sus tres hijos.
El dictamen ha reconocido la atenuante de enajenación mental del invidente, fruto de la psicopatía que padece, que se agrava por su enfermedad en la vista y su condición de alcohólico crónico.
Los hechos por los que se ha condenado a José García Martínez ocurrieron en un bar de Reus, conocido popularmente como La Bodegilla, el 19 de octubre del año 1985, cuando el invidente, que cuenta con numerosos antecedentes penales, acompañado de su amigo Rafael Fernández, entró en el bar para tomar algunos vinos.
Rencor hacia la víctima
Según la sentencia de la Audiencia Provincial, el condenado atacó a Diego Miranda por "sentir un fuerte rencor hacia él", ya que le consideraba culpable del desprendimiento de retina que sufría en uno de sus ojos, provocado por una pelea que mantuvieron ambos tres años atrás.El fiscal había solicitado una indemnización de 12 millones de pesetas para la familia de Miranda, mientras que el acusador particular pedía 20 millones, a pesar de que el procesado hubiera podido ser declarado insolvente, al haber transferido y vendido todos sus bienes.