Querella por delito ecológico contra los responsables de un vertedero barcelonés
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Feliu de Llobregat, Guadalupe de Jesús Sánchez, ha admitido a trámite la querella criminal presentada por la organización ecologista Alternativa Verda por delito ecológico contra las tres empresas concesionarias del vertedero de la Fontsanta, situado en el término municipal de Esplugues (Barcelona). Dos miembros del Centro de Recuperación e Investigaciones Submarinas (CRIS), Enrique Lago Martín y su primo hermano José Luis Martín Roca, ambos de 20 años de edad, fallecieron en ese vertedero el 8 de septiembre de 1986 mientras recogían unas ...
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La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Feliu de Llobregat, Guadalupe de Jesús Sánchez, ha admitido a trámite la querella criminal presentada por la organización ecologista Alternativa Verda por delito ecológico contra las tres empresas concesionarias del vertedero de la Fontsanta, situado en el término municipal de Esplugues (Barcelona). Dos miembros del Centro de Recuperación e Investigaciones Submarinas (CRIS), Enrique Lago Martín y su primo hermano José Luis Martín Roca, ambos de 20 años de edad, fallecieron en ese vertedero el 8 de septiembre de 1986 mientras recogían unas muestras de agua.Ésta es la segunda vez que Alternativa Verda consigue que se trarnite una querella criminal por delito ecológico, después del caso de la central térmica de Cercs.
Las tres empresas contra las que va dirigida la querella son Ingeniería y Tratamiento de Residuos, SA (ITRSA), Transportesy Contenedores Jaume Ventura, SA, y Excavaciones Parets, SA.
La querella fue presentada hace ahora un año, pero no ha sido tramitada debido a la situación de escasez de magistrados titulares en que se encuentran desde hace meses los juzgados de Sant Feliu.
La querella admitida a trámite viene a sumarse a la que presentaron por doble homicidio los familiares de los submarinistas fallecidos contra José Miravet Vilaplana, el director de la empresa Proyectos, Obras y Montajes, SA, que fue la persona que encargó a los dos muchachos que recogieran las muestras de agua.
Miravet se encuentra procesado y depositó a principios de febrero de 1987 una fianza de 14 millones.
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