El Supremo anula una concesión particular para extraer agua
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado una concesión administrativa otorgada a un empresario privado, hace cinco años, por un Ayuntamiento de La Palma para extraer agua con fines especulativos, basándose en que tal explotación representaría un quebranto económico para la isla. La empresa Interagua Barlovento, SA, tenía previsto perforar cinco pozos a lo largo de ocho kilómetros de la costa de la localidad de Barlovento, con una producción anual de 40.000 millones de litros. La licencia, cuyo período de vigencia era de 25 años, podía haber reportado miles d...
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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha anulado una concesión administrativa otorgada a un empresario privado, hace cinco años, por un Ayuntamiento de La Palma para extraer agua con fines especulativos, basándose en que tal explotación representaría un quebranto económico para la isla. La empresa Interagua Barlovento, SA, tenía previsto perforar cinco pozos a lo largo de ocho kilómetros de la costa de la localidad de Barlovento, con una producción anual de 40.000 millones de litros. La licencia, cuyo período de vigencia era de 25 años, podía haber reportado miles de millones de pesetas de beneficios. El caso provocó movilizaciones ciudadanas contra el acuerdo municipal.
El cambio político registrado en la corporación el mismo año en que se tomó dicho acuerdo plenario paralizó la entrada en vigor de la concesión. El relevo de un alcalde independiente por otro socialista en esa fecha puso en marcha un complicado proceso jurídico orientado a proteger los intereses económicos y el patrimonio acuífero de la isla, según señalan los actuales responsables de la corporación. La citada empresa tenía previsto exportar agua desde La Palma a importantes núcleos turísticos (San Bartolomé de Tirajana y Maspalomas) de Gran Canaria, donde escasea este recurso.
En julio de 1986, pocos meses después de aprobar la licencia, el Ayuntamiento, presidido desde entonces por el socialista Argelio Hernández Ortega, se denunció a sí mismo presentando un recurso por lesividad en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, único procedimiento legal posible en estos casos. La Sala de lo Contencioso no estimó la reclamación, pero sí el Supremo.